Medida drástica contra delincuencia

Gobierno prohíbe dos personas en moto en emergencia

Estado de emergencia se extiende en Lima y Callao.

Lima.- El Gobierno peruano, liderado por la presidenta Dina Boluarte, prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días, a partir del 17 de abril de 2025, según el Decreto Supremo 046-2025-PCM.

Esta decisión busca frenar la creciente ola de criminalidad en ambas jurisdicciones, que incluyen asesinatos y extorsiones que afectan a la población y sectores como el transporte público.

Entre las medidas más destacadas, se prohíbe el tránsito de dos personas en motocicletas, una restricción dirigida a reducir delitos cometidos por sicarios que usan estos vehículos para perpetrar crímenes y huir rápidamente.

La normativa, anunciada por el Poder Ejecutivo, establece que solo el conductor podrá circular en motocicletas de categorías L1 y L3, sin acompañantes, durante el periodo de emergencia.

Además, se prohíbe el uso de accesorios que cubran el rostro, salvo el casco obligatorio, para facilitar la identificación de los conductores.

Estas disposiciones responden a la necesidad de controlar la inseguridad, que ha generado protestas, como la movilización de transportistas el 10 de abril, tras ataques contra conductores de buses.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió la estrategia del Gobierno, asegurando que las medidas forman parte de un plan integral para combatir la delincuencia.

Durante una interpelación en el Congreso, Adrianzén rechazó que las acciones hayan fracasado, argumentando que el proceso requiere tiempo para mostrar resultados progresivos.

Sin embargo, la ciudadanía y sectores afectados siguen exigiendo soluciones efectivas, ya que los crímenes no han cesado. Por ejemplo, el asesinato de un dirigente vecinal en San Juan de Lurigancho el 13 de abril, a manos de un sicario en moto, evidenció la persistencia del problema.

El estado de emergencia también implica la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, que mantiene el control del orden interno.

Se restringen derechos como la libertad de tránsito y reunión, y se permite el ingreso a domicilios sin orden judicial en casos justificados.

Estas medidas buscan reforzar la seguridad en zonas críticas, aunque generan preocupación entre los ciudadanos por su impacto en la vida diaria.

A pesar de las restricciones, el Gobierno insiste en que no se suspenderán actividades laborales ni eventos sociales, como conciertos o partidos de fútbol.

Sin embargo, la población permanece alerta ante la posibilidad de nuevos incidentes. La prórroga del estado de emergencia refleja el desafío que enfrenta el Ejecutivo para recuperar la confianza ciudadana en un contexto de violencia persistente.

Esta no es la primera vez que se declara el estado de emergencia en Lima y Callao. Desde 2022, se han implementado medidas similares, con resultados mixtos.

El Gobierno espera que las nuevas restricciones, especialmente la prohibición en motocicletas, reduzcan significativamente los índices delictivos en las próximas semanas, aunque el éxito dependerá de su ejecución y del apoyo ciudadano.


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