Debates sobre la reelección
Julio Cesar Castiglioni: Reforma constitucional para reelección de alcaldes y gobernadores sería aplicable en 2027
Especialista advierte sobre la inconstitucionalidad de legislar retroactivamente para actuales autoridades.
Lima.- Una eventual reforma constitucional para permitir la reelección de gobernadores y alcaldes será aplicable únicamente para quienes postulen a estos cargos en el periodo 2027-2030, según explicó el especialista en temas electorales y municipales Julio Cesar Castiglioni.
Castiglioni subrayó que no se puede legislar de forma retroactiva para beneficiar a algunos. Este comentario surgió al ser consultado sobre el dictamen pendiente de una segunda votación.
Afirmó que, de aprobarse la modificación "con la intención de favorecer a los actuales 196 alcaldes provinciales, 1977 distritales y 24 gobernadores regionales", la reforma podría enfrentarse a una demanda de inconstitucionalidad.
“Los actuales alcaldes y gobernadores fueron elegidos bajo otras reglas de juego, y si el Congreso aprueba modificar la Constitución para permitir la reelección de las actuales autoridades, con una disposición transitoria para favorecerlos, sería inconstitucional”, indicó a Radio Nacional.
El experto en temas electorales remarcó que, de aprobar el pleno del Parlamento dicha reforma, la posibilidad de reelegirse la tendrán las nuevas autoridades que serán elegidas en las elecciones regionales y municipales del 2026.
Julio Castiglioni expresó también que los gobiernos locales son la base de la democracia, no los partidos políticos ni movimientos regionales, y afirmó que en casi todas las actuales organizaciones no hay formación ni preparación.
En ese sentido, cuestionó la realidad de los actuales partidos políticos, sobre el funcionamiento de sus locales y la cantidad de militantes por cada uno de ellos. “La ley dice que deben tener sesenta militantes por local y todos se preguntan si se cumple lo dispuesto o no”, expresó.
Castiglioni dejó claro que cualquier intento de modificar las normas electorales debe ser cuidadosamente evaluado para evitar violaciones constitucionales y garantizar que las reformas sirvan al interés público y no a intereses particulares.
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