Mineros exigen ser escuchados
Mineros bloquean nueve carreteras exigiendo formalización y diálogo urgente
Gobierno evalúa liberar vías mientras diálogo con gremios continúa.
Lima.- Una nueva jornada de protestas encabezada por mineros artesanales e informales ha paralizado el tránsito en cinco regiones del país.
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), al menos nueve tramos de carreteras permanecen bloqueados, afectando severamente la conectividad, el transporte de alimentos, el suministro de combustible y la libre circulación de miles de personas.
Los manifestantes, afiliados a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), exigen la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta del Estado destinada a ordenar y fiscalizar las actividades de la minería informal.
La protesta responde a la exclusión de más de 50 mil mineros del padrón oficial por no cumplir con nuevos requisitos legales establecidos antes del 31 de diciembre de 2023.
Las regiones afectadas por los bloqueos son Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad y Puno. Entre los puntos críticos están el barrio Quiruvilca y Santiago de Chuco en La Libertad, dos tramos de la vía Mara–Velille en Chumbivilcas (Cusco), un tramo de la Panamericana Sur en Ica (km 443), y varios sectores de la costa arequipeña, incluyendo Chala, Ocoña y Nasca.
En Arequipa, la situación es especialmente crítica. Más de 300 vehículos —entre buses, camiones y autos particulares— han quedado varados debido a los bloqueos.
El alcalde distrital de Ocoña, Waldo Llerena, alertó sobre el desabastecimiento de alimentos y gas en su jurisdicción, donde viven más de 8 500 personas. Asimismo, se registró la muerte de un chofer, cuyo camión cayó por un precipicio de 400 metros al intentar sortear una vía cerrada.
A pesar de la gravedad, los manifestantes han aplicado medidas temporales de “tregua”, permitiendo el paso de vehículos por algunas horas, como ocurrió en la zona de Nasca. Sin embargo, el tránsito sigue siendo altamente restringido y las pérdidas económicas para los sectores agropecuarios, transporte y comercio comienzan a ser significativas.
Ante este escenario, el Gobierno peruano ha convocado a una mesa de diálogo, aunque no ha descartado medidas coercitivas.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, aseguró que se priorizará una solución pacífica, pero advirtió que la Policía Nacional del Perú (PNP) está autorizada a liberar las vías si el diálogo fracasa, siempre “sin el uso de armas letales”.
Desde el Ministerio del Interior, la directora general contra el crimen organizado, Silvia de la Cruz Quintana, enfatizó que la formalización minera es clave para reducir delitos como trata de personas, extorsión y sicariato, vinculados a la minería ilegal.
Por su parte, el ministro de Transportes, César Sandoval, afirmó que el Gobierno “impondrá la autoridad” de ser necesario.
Las autoridades buscan articular esfuerzos con gremios, municipios y organizaciones sociales para garantizar la seguridad y restablecer el orden, mientras continúan las conversaciones con los dirigentes mineros liderados por Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.
El país enfrenta así un nuevo desafío social que pone en tensión el equilibrio entre derecho a la protesta y el orden público.
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