Presidencia responde controversia
Presidencia niega uso personal de tarjeta alimentaria vinculada a Dina Boluarte
Aseguran uso exclusivo para compras institucionales, auditadas por Contraloría.
Lima.- La Presidencia de la República emitió este lunes un comunicado oficial desmintiendo que la presidenta Dina Boluarte Zegarra o su entorno familiar hagan uso personal de la tarjeta electrónica destinada a la compra de alimentos, tras un informe del programa dominical Punto Final, que reveló la existencia de una tarjeta con un monto mensual de 5 000 soles para adquirir víveres.
En el comunicado, la Presidencia aclaró que dicha tarjeta no está bajo el control de la mandataria, sino que es utilizada exclusivamente por el personal administrativo encargado de abastecer con alimentos las dependencias del despacho presidencial.
“No es cierto que esta tarjeta esté a disposición para el uso personal de la presidenta o su familia”, enfatiza el pronunciamiento.
El documento también precisó que esta modalidad de adquisición no es nueva, ya que fue implementada en 2016 y forma parte de un proceso de contratación supervisado por la Dirección General de Administración del Despacho Presidencial, cumpliendo con los lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, se detalló que el procedimiento está sujeto a controles por parte de la Contraloría General de la República, incluyendo auditorías anuales externas. Según la Presidencia, no se han detectado observaciones en las revisiones realizadas durante los años 2023 y 2024.
No obstante, este comunicado contrasta con una posición anterior adoptada por el mismo despacho.
Cuando se solicitó acceso a las boletas y comprobantes de las compras realizadas con dicha tarjeta, la oficina presidencial rechazó el pedido alegando que la divulgación de esos datos “pondría en riesgo la seguridad nacional”, ya que permitiría identificar lugares frecuentados por la presidenta, lo cual podría vulnerar su integridad y la de su entorno cercano.
La aparente contradicción ha generado diversas reacciones y cuestionamientos en la opinión pública.
Algunos sectores interpretan esta negativa como una admisión implícita del uso personal de los recursos, mientras que otros exigen mayor transparencia en el manejo del dinero público, especialmente cuando se trata de fondos destinados al más alto nivel del Ejecutivo.
El medio digital Infobae también hizo eco de la polémica, señalando que la versión actual de la Presidencia parece alejarse del argumento de seguridad previamente esgrimido, lo que contribuye a incrementar las dudas sobre el uso real de la tarjeta.
En medio de esta controversia, aún no se ha emitido pronunciamiento alguno por parte de la propia presidenta Dina Boluarte.
Tampoco se ha confirmado si se pondrán a disposición de la ciudadanía los documentos que sustenten la transparencia del uso de los recursos.
Mientras tanto, analistas políticos y especialistas en gestión pública coinciden en que casos como este reflejan la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en el aparato estatal, especialmente en un contexto de alta sensibilidad social y desconfianza ciudadana hacia las instituciones del país.
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