Medidas por cumbre internacional

Gobierno impone tres días de encierro para escolares por cumbre APEC

Para garantizar la seguridad durante la celebración de la cumbre de líderes del Foro

Lima.- El Gobierno peruano oficializó la decisión de implementar clases virtuales en los colegios de Lima, Callao y Huaral debido a la cumbre APEC y la inauguración del megapuerto de Chancay, afectando a más de 2.4 millones de estudiantes. La medida, que también incluye a institutos y universidades de estas zonas, ha generado controversia y rechazo por parte de padres, docentes, especialistas y organizaciones, quienes consideran que afectará principalmente a los sectores más pobres de la población.

Según el Decreto Supremo N.º 123-2024-PCM, las instituciones educativas de Lima Metropolitana, Callao y Huaral permanecerán cerradas los días 11, 12 y 13 de noviembre, con clases virtuales en su lugar. Esta interrupción, que coincide con los días no laborales del 14 y 15 de noviembre, resultará en toda una semana de clases suspendidas, interrumpiendo significativamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

El impacto económico y social de esta medida es considerable. De acuerdo con un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), se perderían aproximadamente 800,000 horas de clases presenciales al día, lo que equivale a 4 millones de horas de clase en total durante esa semana. Si se suman los estudiantes de institutos y universidades, la cifra total de afectados podría superar los 3 millones. La preocupación radica principalmente en los estudiantes de sectores vulnerables que no tienen acceso adecuado a la tecnología, como computadoras, celulares o conexión a internet.

El exviceministro de Educación, José Luis Gargurevich, calificó la medida de "frívola" y "sin sustento", afirmando que suspender la presencialidad en las aulas de una manera tan generalizada es un abuso de poder y debería considerarse incluso inconstitucional. "Toda Lima está siendo tratada como un bloque homogéneo, lo que no tiene justificación", agregó, criticando la falta de un argumento sólido que respalde esta decisión.

Por su parte, Norma Correa, vocera del colectivo Volvamos a Clases Perú, señaló que el cierre de las instituciones educativas busca "tapar" problemas de gobernabilidad y evitar un mayor costo político ante las protestas sociales, sin considerar el impacto negativo en los estudiantes y sus familias. Durante una manifestación frente al Ministerio de Educación (Minedu), Correa destacó las desigualdades en el acceso a la tecnología, un problema que se hizo evidente durante la pandemia, y advirtió que no se pueden repetir los mismos errores.

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), también expresó su frustración por la medida, indicando que la virtualización de las clases perjudica especialmente a los estudiantes de los sectores más pobres, quienes carecen de los recursos necesarios para acceder a una educación en línea. Además, recordó que en las ediciones anteriores de la cumbre APEC (2008 y 2016) no se suspendieron las clases, lo que hace que la decisión del gobierno actual sea aún más cuestionada.

En respuesta a las críticas, el ministro de Educación, Morgan Quero, defendió la medida, asegurando que no se está perdiendo nada con las clases virtuales y sugiriendo que los estudiantes podrían utilizar sus celulares y otras herramientas tecnológicas para continuar con su educación. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024 revela que el 22.5% de los hogares en Lima no cuentan con acceso a internet, lo que pone en duda la efectividad de la medida para todos los estudiantes.

El rechazo no solo proviene de los padres y docentes, sino también de las universidades y gremios empresariales. El Consorcio de Universidades, que agrupa a instituciones como la PUCP, la UPCH y la Universidad de Lima, mostró su preocupación por cómo la virtualización de las clases, sumada a la interrupción del transporte, podría afectar el rendimiento académico y el logro de los aprendizajes. Asimismo, 23 asociaciones y gremios del sector privado se unieron al rechazo, pidiendo que el Gobierno reconsidere la medida, la cual, según afirman, contradice el Pacto Social por la Educación firmado con el Ministerio de Educación.

Además, el decreto amplió los días no laborables a la provincia de Huaral, afectando también a los trabajadores del sector público y privado, quienes deberán realizar teletrabajo entre el 11 y 13 de noviembre. En el caso de las empresas privadas, la medida es opcional.

En resumen, la decisión del Gobierno de suspender las clases presenciales en Lima, Callao y Huaral por tres días ha generado una fuerte controversia, con críticas que subrayan las desigualdades sociales y tecnológicas que afectarán principalmente a los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que se cuestiona la falta de argumentos sólidos que justifiquen una medida de esta magnitud.

Fuente: La República

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