En Machu Picchu
El Poder Judicial decidirá sobre la continuidad del monopolio en el sector de transporte
Alejandro Soto se ve envuelto en una disputa, ya que el abogado del consorcio afirma que se emplearon documentos fraudulentos.
Foto: La República
Urubamba.- El proceso judicial que podría poner fin al monopolio de transporte turístico desde Aguas Calientes hacia la ciudadela inca de Machu Picchu, actualmente bajo el control de la empresa Consettur, podría concluir el 15 de enero de 2024. En esa fecha, el Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco emitirá un fallo en relación con la acción de amparo presentada por Consorcio Machupicchu Pueblo.
Aarón Medina, el representante legal de la empresa demandante, expresó que están buscando poner fin a la exclusividad de Consettur en la ruta Hiram Bingham, la cual ha perdurado durante 28 años. Medina argumenta que Consettur viola los derechos económicos fundamentales de la parte demandante y de millones de consumidores. La principal base de su argumento se centra en el contrato de concesión otorgado en 1995, el cual, según afirmaciones de Indecopi, es falso y ha sido confirmado como tal por el Poder Judicial. Esto se debe a que se elaboró con documentación que no reflejaba la realidad.
El tema en cuestión involucra un contrato de concesión de 30 años presentado por Consettur para respaldar su posición de monopolio, el cual ha sido señalado como falso tanto por Indecopi como por la Corte Suprema de Justicia. El abogado sostiene la posibilidad de influencias políticas para mantener dicho monopolio y destaca que el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, previo a su rol como congresista, fue abogado de Consorcio Transportes de Servicios Turísticos Machupicchu S.A.C. (Consettur). En esa capacidad, Soto firmó la solicitud de reconocimiento como prueba anticipada de un documento (contrato) que posteriormente fue declarado falso.
Según Medina, en 2021, el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento señalando como monopólicas las prácticas de Consettur. Además, destacó la inconstitucionalidad del contrato, ya que este se celebró con una municipalidad que carecía de competencias para dicho acuerdo.
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