Privilegios en disputa

Boluarte pide pensión vitalicia y otros beneficios al Congreso

Exmandataria solicita paquete estatal con vehículo, trabajador CAS, combustible mensual además de seguro médico privado.

Fuente Fotográfica: Internet

Lima.- La destituida expresidenta Dina Boluarte activó ante el Congreso de la República el mecanismo para acceder a la pensión vitalicia y a un paquete completo de beneficios logísticos reservado para quienes ocuparon la jefatura del Estado. El pedido fue dirigido al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, e invoca el Acuerdo de Mesa Directiva N.° 78-2016, norma interna que regula apoyos de personal y facilidades para los exmandatarios.

Según reveló el dominical Cuarto Poder y recogió RPP, la solicitud incluye una pensión mensual que podría oscilar entre S/ 26 000 y S/ 35 000. El monto exacto no está cerrado: dependerá de la evaluación del Consejo de Ministros y de que el Congreso valide el polémico incremento salarial que la propia Boluarte aprobó cuando era presidenta, al pasar su remuneración de S/ 15 600 a S/ 35 568.

Pero la pensión es solo una parte del paquete. El oficio también pide que se activen los beneficios contemplados en el Acuerdo de Mesa Directiva 78-2016:

- Un vehículo oficial de uso permanente a su disposición.

- La contratación de un trabajador bajo modalidad CAS, elegido directamente por ella, con un sueldo de S/ 3 700 mensuales.

- El abastecimiento de 150 galones de gasolina al mes.

- El mantenimiento de un seguro de salud privado similar al que tuvo durante su gestión.

En la práctica, se trata de un esquema de apoyo de por vida: pensión, logística y personal financiados con recursos públicos, incluso pese a que Boluarte no completó un mandato de cinco años y fue vacada por “incapacidad moral permanente” en octubre de 2025, en medio de críticas por el avance del crimen organizado.

El especialista en gestión pública y asuntos parlamentarios Martín Cabrera Marchán explicó que la ley no impide que la exmandataria cobre estos beneficios pese a su destitución. Solo una acusación constitucional aprobada por el Congreso podría suspender temporalmente los pagos, y esa suspensión se mantendría hasta que exista una sentencia judicial que no la declare culpable.

El contexto en que llega el pedido añade tensión política. Boluarte enfrenta varias investigaciones fiscales: por las decenas de muertes en las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023; por el presunto uso indebido del vehículo presidencial “Cofre” para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón; por su supuesta intervención en la desactivación del grupo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop); y por el denominado caso “cirugías”, vinculado a procedimientos médicos y posible omisión de funciones.

Fuente: RPP

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