Caso Pampas de Cachendo
Gobernador Rohel Sánchez bajo investigación fiscal
Fiscalía examina presunta omisión de funciones en terrenos ligados a Southern
El gobernador regional enfrenta graves acusaciones por omisión de actos funcionales
Arequipa. – Una nueva investigación del Ministerio Público apunta al gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez por el caso Pampas de Cachendo. La acusación también involucra al jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Víctor Hugo Quispe Rodríguez; a la jefa de la Oficina de Acondicionamiento Territorial, Luz María Torres Tejada; y la exgerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Norma Mamani Coila.
El motivo de la investigación es el presunto delito de omisión ilegal de actos funcionales. En cristiano, no cumplieron con sus deberes administrativos respecto a terrenos ocupados por Southern Copper Corporation para el controversial proyecto Tía María. Esta presunta negligencia, sea intencional o no, ha levantado sospechas sobre algún pacto de interés que beneficiaría tanto a la minera como a las autoridades, mientras perjudica a los que se encuentran en medio.
Con una seguidilla de omisiones, resulta sugerente que ni el gobernador ni sus funcionarios inscribieron la Resolución Gerencial General Regional Nº 150-2018-GRA/GGR en el Registro de Predios de la SUNARP, generando interés en la Fiscalía. Esta falta de inscripción impidió que se sepa oficialmente el traspaso de terreno, nutriendo una capa de especulaciones y conjeturas que constituye la primera de 6 omisiones incluidas en la carpeta fiscal Nº 503-2025-1770-0.
Pasando al segundo “descuido”, tenemos el incumplimiento de la cláusula séptima del acta de entrega-recepción del predio de 1,137.2774 hectáreas por parte de Southern. Aunque estos pagos eran obligatorios, ninguna autoridad tomó medidas durante poco más de una década para exigir su cumplimiento. Tampoco hubo intento alguno por recuperar el predio de 208.7494 hectáreas, espacio clave dentro del conflicto. No se ha constatado algún intento administrativo por recuperar el terreno.
Como cuarto despiste, varios terrenos en Cachendo, ahora en manos de Southern, han sido designados como Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), según la Ordenanza Regional N.º 437, lo que contrasta con una actividad tan grande e incompatible como la minera. Por ende, la entrega de estos predios a la minera debió quedar sin efecto.
La quinta dejadez gubernamental, aún con la evidente falta de cumplimiento legal y normativo, no permitió acción alguna para recuperar otro predio, 208.794 hectáreas sin reclamo alguno.
Y como sexta impericia, es relevante entender el derecho de servidumbre. En términos coloquiales, Southern, sin figurar como propietaria legal en la SUNARP, tiene permiso total de explotar el área. Dejaron que la gigante empresa minera ocupe el espacio sin autorización, y nadie hizo nada al respecto.
Este conjunto de inacciones del Gobierno permitió que Southern operara sin restricción. Los funcionarios acusados tenían la obligación de velar por el cumplimiento y garantizar la devolución de estas tierras a su propósito agrícola original. Esta carpeta fiscal fue derivada a la Fiscalía de Paucarpata, a cargo de la fiscal Myrna Nathalie Corzco Carbajal, quién evaluará en los próximos días las presuntas irregularidades que, de confirmarse, podrían configurar una serie de delitos. La investigación sigue en marcha.
Fuentes: Diario Correo, Prensa Regional
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