Opiniones

Construyendo el Estado peruano del Siglo XIX

Augusto Lostaunau Moscol

El sábado 13 de mayo de 1826 se publicó el primer número de El Peruano, acompañado de la frase Viva La República. En realidad, al principio, El Peruano fue un semanario sabatino. En sus tres primeros números (13; 20 y 27 de mayo de 1826) apareció la Memoria presentada por el Ministro de Hacienda (Economía), Dr. José de Larrea y Loredo al Congreso de la República. Abogado sanmarquino, nacido en Huaraz en 1780 (año de la Revolución de Túpac Amaru y Micaela Bastidas).

Es un valioso documento que nos permite conocer las acciones que realizó el naciente Estado Peruano. Sobre los llamados Bienes Nacionales, Larrea sostiene:

“Confiscaciones y secuestros. Bajo estas denominaciones, posee hoy el erario ciertas propiedades rústicas y urbanas, que pertenecieron en otro tiempo á emigrados á las fortalezas del Callao, y otros puntos ocupados por el enemigo. Las primeras corresponden á la nación con plenitud de dominio, en virtud del decreto de 2 de marzo del año próximo pasado, dictado por el Congreso; deducidas las porciones respectivas en favor de herederos necesarios. Las segundas no están sino detenidas, á título de ocupación bélica, hasta la conclusión de la guerra, y solo se perciben sus productos, como es de estilo; debiendo advertirse que, aunque se dicen confiscadas las primeras, su adquisición no procede de otro principio que él de una justa indemnización de los daños ocasionados al estado por la hostil conducta de sus adversarios” (N°1:2).

El jueves 5 de febrero de 1824 las tropas argentinas, chilenas, grancolombianas y peruanas acantonadas en el Castillo del Real Felipe del Callao, se amotinaron contra sus oficiales, liberaron al General español José Ramón Rodil y Campillo entregándole la jefatura de la plaza y pasaron al bando enemigo. El General argentino Cirilo Correa dejó la plaza con una división de Granaderos a Caballo, quienes lucharían en las batallas de Junín y Ayacucho. Inmediatamente, el General Bartolomé Salom inició el asedio y la batalla por recuperar la fortaleza. Recién el lunes 23 de enero de 1826, los patriotas lograron recuperar el castillo mientras los españoles abandonaban el Perú. Rodil fue condecorado y ascendido al grado de Mariscal de Campo por el propio Rey de España. Pero, muchos criollos -que incluso firmaron el Acata de la Independencia en 1821- buscaron “refugio” y protección en el castillo. El más conocido es José Bernardo de Tagle y Portocarrero, traidor que murió durante el asedio (26 de septiembre de 1825). También se refugió el comandante Juan de Berindoaga y Palomares, quien intentó escapar el 20 de enero de 1826, pero fue ubicado y fusilado por traición a la patria.

Entonces, las confiscaciones y secuestros de propiedades urbanas y rurales que realizó el naciente Estado Peruano, fueron -principalmente- una recuperación de propiedades que se encontraban en manos de traidores y enemigos del Perú, como Torre Tagle o Berindoaga, entre otros. Ya que, el General Rodil se negó a reconocer la Capitulación de Ayacucho del jueves 9 de diciembre de 1824, prolongando la guerra más de un año. Los gastos de la guerra se tenían que cobrar de aquellos que desertaron y abandonaron al país o se pasaron al bando enemigo. Sus fortunas pasaron a ser parte de los bienes del país. Por ello, el Ministro Larrea y Loredo informó:

“Unas y otras han rendido ingresos de consideración á la hacienda pública, mediante las precauciones y medidas legislativas, con que el Gobierno ha arreglado los procedimientos de los jueces y magistrados, encargados del esclarecimiento de sus acciones; y aunque es cierto que aún no está purificado su total importe, se puede afirmar sin exageración que accede de un millón de pesos” (N°1: 2).

Muchos de los traidores a la patria al momento de ser procesados judicialmente, afirmaron haber entregado joyas de oro y diamantes a cambio de un kilo de carne de caballo. Esto muestra que fueron integrantes de la aristocracia quienes traicionaron al país en plena guerra independentista. Por ello, el Estado les confiscó sus bienes. Lo mismo debería realizar el Estado Peruano del siglo XXI con todos los corruptos.


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