Presunto favorecimiento laboral investigado
Presentan denuncia constitucional contra Otárola por caso de contratos irregulares
Fiscalía acusa al exfuncionario por vínculos indebidos en designaciones dentro de sectores estatales estratégicos
Fiscalía denuncia constitucionalmente a Alberto Otárola por presuntas contrataciones irregulares
Lima. - La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por presuntas irregularidades en los procesos de contratación de Yaziré Pinedo Vásquez, quien habría sido favorecida indebidamente durante su gestión. La acción legal fue anunciada a través de la cuenta oficial del Ministerio Público en la red social X (antes Twitter), en la que se detalló que los hechos están vinculados a su paso por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Defensa.
Según la Fiscalía, Otárola habría incurrido en el presunto delito de negociación incompatible, al influir en las decisiones administrativas que permitieron la contratación de Pinedo Vásquez en el aparato estatal. La joven aparece vinculada sentimentalmente al exjefe del gabinete, lo que ha despertado fuertes cuestionamientos desde diversos sectores de la opinión pública, por un posible uso indebido de su cargo en beneficio de una persona cercana.
La denuncia precisa que la contratación ocurrió durante el paso de Otárola por dos carteras ministeriales, lo cual agrava su situación legal. En la documentación enviada al Congreso de la República, el Ministerio Público solicita que se actúe conforme a las competencias del Parlamento, habilitando un eventual proceso político que podría derivar en una inhabilitación del exfuncionario.
La investigación surgió a raíz de un reportaje periodístico que reveló comunicaciones privadas entre Otárola y Pinedo, además de documentos oficiales que muestran cómo esta fue contratada por servicios prestados en ambas instituciones del Estado. Las evidencias habrían motivado a la Fiscalía a reunir los elementos suficientes para formalizar una denuncia de carácter constitucional.
De acuerdo con los procedimientos legales en el Perú, cuando se trata de altos funcionarios, la Fiscalía necesita de la aprobación del Congreso para iniciar acciones penales. En este caso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá evaluar la denuncia, luego de lo cual podría recomendar la apertura de una investigación por parte de la Comisión Permanente.
Mientras tanto, Otárola ha rechazado las acusaciones en medios de comunicación, asegurando que su relación con Pinedo no tuvo injerencia en los procesos de contratación. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la falta de transparencia y el uso de cargos públicos con fines personales siguen creciendo.
Este caso reaviva el debate sobre el uso ético del poder y la necesidad de una mayor fiscalización en los procedimientos de selección dentro del aparato estatal. El Ministerio Público ha reiterado su compromiso con la lucha contra la corrupción, independientemente de los cargos que ocupen los investigados.
La situación de Otárola podría representar un nuevo capítulo en el fortalecimiento de la justicia y la rendición de cuentas en el país. Se espera que el Congreso se pronuncie en las próximas semanas sobre el futuro legal del exjefe del gabinete.
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