Gobierno anuncia comisión especial para evaluar salida del sistema interamericano

El anuncio fue reforzado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, quien indicó que su sector ya ha definido la hoja de ruta para la conformación del grupo de trabajo que analizará esta propuesta. Alcántara explicó que, por razones de competencia institucional, la tarea corresponde a la Cancillería, ya que se trata de una función que no puede ser delegada.

“A través de un informe del sector se ha trazado cuál es la ruta para la formación de la comisión que evaluará la posibilidad de que Perú se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se ha establecido que, por mandato, le corresponde al sector Relaciones Exteriores, dado que es una competencia indelegable de dicho ministerio”, declaró Alcántara tras una sesión del Consejo de Ministros.

La creación de esta comisión responde a una propuesta formalizada por el jefe del Gabinete el pasado 28 de julio, cuando planteó al Parlamento la necesidad de revisar la continuidad de Perú en el SIDH, argumentando que se trata de un tema de interés prioritario tanto para el Congreso como para la ciudadanía.

Aunque el primer ministro no precisó las razones detrás de esta propuesta, el planteamiento surge en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad a nivel nacional y el debate sobre el uso de medidas más severas, como la pena de muerte, propuesta por la presidenta Dina Boluarte.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ubicada en San José, Costa Rica. Ambas entidades han emitido en el pasado recientes observaciones críticas al Estado peruano, particularmente en relación con reformas legales que, a su juicio, podrían afectar la libertad de asociación, la libertad de expresión y el trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Uno de los últimos pronunciamientos de la CIDH expresó una grave preocupación por los efectos de la reciente ley que modifica la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Según el organismo, estas modificaciones podrían constituir obstáculos desproporcionados para la labor de entidades que defienden los derechos humanos, afectando en particular a pueblos indígenas, mujeres, personas LGBTI y víctimas de violaciones graves.

La eventual salida de Perú del SIDH implicaría una ruptura significativa con el sistema de protección internacional de los derechos humanos en la región, y abre un debate político y jurídico que aún está en sus primeras etapas. El resultado del trabajo de esta comisión será clave para definir el rumbo del país en materia de derechos humanos y política exterior.