Justicia Internacional en la Mira
Presentan demanda ante la Corte Penal Internacional contra Dina Boluarte y ministros por muertes en protestas
Aprodeh y FIDH buscan investigación por 49 muertes durante manifestaciones entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Lima.- La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentarán este martes 25 una demanda ante la Corte Penal Internacional en La Haya contra la presidenta Dina Boluarte y varios ministros, por la muerte de 49 personas en protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
La abogada Gloria Cano, representante de Aprodeh, explicó que presentarán una comunicación a la Corte en aplicación del artículo 15 de sus estatutos, que permite a cualquier persona hacer una petición.
“Pediremos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que, de acuerdo a los argumentos que vamos a expresar, pueda abrir un examen preliminar sobre este caso”, señaló Cano.
Aprodeh y FIDH argumentan que no hay posibilidades de justicia en el ámbito nacional, lo que justifica su recurso a la jurisdicción internacional.
“En el escrito estamos argumentando por qué acudimos y por qué consideramos que no hay posibilidades de justicia en nuestro Estado”, sostuvo Cano.
La demanda también incluye a los exjefes del gabinete, Alberto Otárola y Pedro Angulo, así como a altos jefes de la Policía y el Ejército, responsabilizados por la brutal represión contra la población civil que protestaba contra la mandataria y el Congreso, exigiendo elecciones adelantadas.
Gloria Cano detalló que están ultimando el escrito que entregarán, el cual incluye los últimos acontecimientos del caso y fundamenta por qué acuden a la Corte Penal Internacional. Además, indicó que ya tienen una cita con la Fiscalía para el martes 25, donde se evaluará si se abre un estudio preliminar y se procede de acuerdo al reglamento de la Corte.
La iniciativa de Aprodeh y FIDH busca que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional considere abrir una investigación sobre las muertes y represión ocurridas durante las protestas.
Esta acción internacional refleja la desesperanza y la percepción de falta de justicia en el sistema judicial peruano por parte de las familias de las víctimas.
El contexto de estas protestas se remonta a las manifestaciones masivas que exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones adelantadas. Las movilizaciones fueron reprimidas violentamente, resultando en la muerte de 49 personas, según datos recopilados por organizaciones de derechos humanos.
La comunidad internacional ha seguido de cerca estos eventos, y la intervención de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional puede representar un punto de inflexión en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
El próximo martes 25, la atención estará centrada en La Haya, donde se decidirá si la demanda presentada por Aprodeh y FIDH será admitida para un examen preliminar.
Esta decisión podría marcar el inicio de un proceso que busque responsabilizar a las autoridades peruanas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.
La abogada Gloria Cano enfatizó la importancia de esta demanda y la necesidad de que la comunidad internacional tome conciencia de la gravedad de los hechos. “Queremos que se haga justicia y que se reconozca el sufrimiento de las familias de las víctimas”, concluyó.
Este caso pone de relieve la tensión entre el gobierno peruano y los organismos de derechos humanos, y subraya la importancia de la justicia internacional en situaciones donde los sistemas nacionales son percibidos como inadecuados para garantizar la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales.
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