Microsoft aclara la estructura de precios del soporte extendido de Windows 10

En un desarrollo reciente, Microsoft ha arrojado luz sobre la estructura de precios para las Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU) para Windows 10, programadas para entrar en vigor a partir de octubre. Contrariamente a los informes iniciales, los ajustes de precios afectan principalmente a organizaciones comerciales e instituciones educativas, excluyendo a consumidores y usuarios domésticos.

Para entidades comerciales y establecimientos educativos, el acceso al soporte extendido conlleva un costo. Una publicación en el blog de Microsoft describe la estrategia de precios, indicando un desembolso inicial de $61 por dispositivo para el primer año de inscripción en el programa ESU.

Sin embargo, este gasto aumenta significativamente, duplicándose cada año consecutivo durante un máximo de tres años. Es importante destacar que la naturaleza acumulativa de los precios significa que los participantes tardíos en el programa también incurrirán en tarifas por años anteriores.

Existen excepciones al modelo de precios estándar, ofreciendo alivio a ciertas categorías de usuarios. Por ejemplo, los dispositivos con Windows 10 que acceden a la nube de Windows 11 a través de Windows 365 siguen siendo elegibles para actualizaciones de seguridad bajo licencias existentes. Además, los usuarios que aprovechen soluciones de gestión de actualizaciones basadas en la nube como Microsoft Intune o Windows Autopatch califican para un descuento del 25% en licencias ESU.

Sin embargo, quizás la concesión más significativa se otorga a los clientes de Microsoft Education, quienes pueden obtener licencias ESU a una tarifa considerablemente reducida. Con precios de $1 para el primer año, $2 para el segundo y $4 para el tercero, estos descuentos tienen como objetivo aliviar las cargas financieras de las instituciones educativas que hacen la transición a sistemas operativos más nuevos.

No obstante, han surgido críticas con respecto a la estructura de precios desproporcionada y sus implicaciones para los usuarios finales. Surgen preocupaciones sobre la equidad de imponer tarifas sustanciales a usuarios regulares por actualizaciones de seguridad continuas, especialmente en comparación con los cargos nominales extendidos a entidades educativas. Esta disparidad subraya la necesidad apremiante de un modelo de precios equilibrado e inclusivo que acomode a diversos segmentos demográficos de usuarios.

Fuente: Android Police

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