Opiniones
El Narcotrafico en un sector de Justicia y la política
Por Jaime Antezana Rivera
"Se evidenciaría que el narcotráfico ha tomado a un sector de la administración de Justicia que investiga a la familia del presidente ", afirmó el premier Aníbal Torres el pasado 30 de agosto.
Basándose en varios cambios de fiscales que benefician a investigados por narcotráfico, es la primera vez en la historia del Perú que un presidente del Consejo de Ministros realiza una afirmación de ese tipo y envergadura.
A partir de esa afirmación y la sustentación de la misma, el Diario Expreso publicó una nota con el siguiente título: "El narcotráfico busca la renuncia de Pedro Castillo" (29/08/2022). Ese titular es, en realidad, una inferencia que el Diario en mención hizo del aserto del premier.
¿Es cierto que el narcotráfico ha tomado un sector de la administración de Justicia? Los hechos mencionados (el cambio de fiscal a la investigación de una jueza investigada por haber recibido coimas de un narcotraficante y el cambio del fiscal del caso de los Sánchez Paredes) apuntalan esa afirmación.
A esos dos hechos aludidos por el premier Torres, habría que añadir los cambios en el equipo de fiscales del caso de "Los Cuellos Blancos del Puerto", con propósitos nada santos que fue denunciado por el presidente Castillo. Hay que recordar que ese caso surge de una investigación sobre narcotráfico.
Esos datos concretos no dejan duda que se está beneficiando al narcotráfico y a la corrupción, actividades criminales que casi siempre van de la mano. O, para ser más exactos, han entrado en una mayor simbiosis. Se atraen y entrelazan mutuamente.
La presencia "invisible" del narcotráfico en el Ministerio Público y el Poder Judicial no es nuevo. Desde sus orígenes el narcotráfico, allá por la década del 30 del siglo XX, buscó infiltrar estas instituciones de la administración de Justicia. Y lo logró. En el primer alanismo (1985-1990), alcanzó un alto nivel de influencia en ambas instituciones.
Pero fue en el periodo del régimen narcofujimorista (1990-2000) que alcanzó su mayor influencia en ambas instituciones y otras (Tribunal Constitucional, Contraloría, etc.). El copamiento y destrucción de las instituciones tras el golpe de 1992 configuró un tipo de Narcoestado. El narcoavión presidencial con cocaína es la prueba de ello.
En consecuencia, no es nuevo que la existencia de jueces y fiscales al servicio del narcotráfico a cambio del enorme poder corruptor de su dinero. A esos jueces y fiscales se les llamó y se les sigue llamando narco-jueces y narco-fiscales. Eso, obviamente, no involucra a todos los jueces y fiscales. De ninguna manera. Es decir, a las instituciones.
Sin embargo, no es suficiente para que el narcotráfico pueda funcionar tener en su nómina a jueces y fiscales. Esa es la protección legal. Requiere de dos cosas más: de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la política. Respecto al primero, tuvo una notable influencia en el ente anterior: el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), creado en 1995, en las entrañas del narcofujimorismo.
La inicial inacción de la JNJ ante las denuncias de los cambios de fiscales y la lentitud para iniciar las investigaciones, parecen indicar que el narcotráfico sigue -no en el nivel anterior- teniendo influencia en esta institución de vital importancia. Hay miembros de la JNJ que fueron parte del segundo gobierno de Alan García y tuvieron responsabilidad en los narcoindultos que se vendieron. Además, que está institución es la que nombró a los actuales fiscales.
Y, en cuanto a la política, la influencia y presencia del narcotráfico es mayor. Sin protección política la industria criminal del narcotráfico no podría funcionar. Es una condición básica y cardinal. Es más, el narcotráfico nació cobijado en el poder político. Ese cobijo lo obtiene comprando la protección. Este aspecto fue omitido por el premier Torres.
¿Qué cambios han ocurrido en el comportamiento del narcotráfico y la política? De financiar a políticos para lograr protección cuando estos ascendían al gobierno y Congreso han pasado -sin dejar de financiarlos- a participar como candidatos y ser elegidos como congresistas, gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Esos son los narcopolíticos.
En verdad, se inspiraron en Pablo Escobar, quien llegó al Parlamento colombiano en 1982, con el objetivo de impedir la extradición a los EE. UU. Pero, los narcos peruanos fueron más allá: coparon partidos políticos y participaron en el surgimiento de algunos. De esa manera, la política se fue haciendo criminal. Surgieron los narcopartidos.
Fuerza Popular, APP y Podemos Perú son las más importantes narcopartidos. Dos de estos están siendo investigados por organización criminal y lavado de activos a nivel del Poder Judicial y fiscal. Narcopartidos u organización criminal son lo mismo.
Es evidente la presencia del narcotráfico en la política oficial a través de esas agrupaciones y que están en pos de asaltar el Ejecutivo, el gobierno. A esos sectores se les ha llamado golpistas y mafiosos. Mirar la política oficial desde esta perspectiva contribuirá a comprender el titular del Diario Expreso: "El narcotráfico busca la renuncia de Pedro Castillo". Habría que agregar a ese titular que, desde el día primero de sus funciones, también buscan la vacancia o golpe.
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