Opiniones
Del narcofujimorismo al narcoapepismo. La recomposición del narcopoder
Por Jaime Antezana Rivera
Hasta las elecciones generales del 2021, Fuerza Popular fue el principal narcopartido u organización criminal del Perú del siglo XXI. Su conversión en el principal narcopartido en la política nacional se produce entre 2011 y, sobre todo, 2016. En los 90, la dictadura fujimontesinista convirtió al Perú en un narcoestado. En ese periodo estableció las alianzas entre el empresariado rentista, del narcotráfico y el llamado "pueblo fujimorista".
Esa triple alianza sociopolítica, a contrapelo de la debacle del fujimorato el 2000, extendió sus tentáculos a los demás poderes del Estado (Poder Judicial y Congreso) e instituciones del régimen político (Ministerio Público, el ex CNM hoy JNJ, Sunat, etc.). Y, en tres ocasiones (2011, 2016 y 2021) estuvo muy cerca de ganar las elecciones y, sin duda, convertir al Perú nuevamente en un narcoestado y una Narcorepública.
La tercera derrota del narcofujimorismo, que unió a las derechas conservadoras, rentistas y narco-mafiosas contra Pedro Castillo, lo ha debilitado profundamente. Le ha puesto en agonía. Es más, ha abierto una disputa por cubrir el espacio que está dejando. Cabe precisar que esa disputa no empezó recién. Arrancó, de manera velada, pero sostenida, en los entretelones de las elecciones generales del 2016.
Más precisos: empezó en el primer tramo de la campaña electoral del 2016, cuando irrumpió el narcopartido u organización criminal APP con posibilidades de ganar esas elecciones nacionales. Apareció, según los sondeos, en el segundo lugar. APP es el segundo narcopartido más importante del país y aún en ascenso. Desde ahí le venía pisando talones. Le respiraba en la nuca.
Y llegó a "disputarle" espacios e influencias. Todo ello moviéndose entre la disputa y alianza con el narcofujimorismo. Dos hechos concretos: a) se unieron en el golpe contra Martín Vizcarra y b) en la tesis del "fraude en mesa" para impedir el triunfo de Pedro Castillo. Así como tuvo alianzas también chocaron y se diferenciaron del narcofujimorismo.
Un caso de autonomía y diferenciación fue lo que pasó, en noviembre pasado, con la moción de vacancia presentada por la chimpunera Patricia Chirinos, de Avanza País, una franquicia que cobija a una de las variantes del fujimorismo. El narcopartido APP, cuyos clanes empresariales se hacen más poderosos política y económicamente, votó contra esa moción.
No fue la primera vez que hizo eso. También lo hizo, en cierto momento, con el expresidente Martín Vizcarra hasta que lo "decapitaron" ¿Qué lo impulsa a esas alianzas? Los negocios. Así de simple y descarnado. Obviamente bien envuelto con la palabra "gobernabilidad". Esas alianzas no solo le han permitido legitimar sus negocios, sino ganar mayor poder político.
Eso sí, se cuida de asumir responsabilidades en el Ejecutivo. Eso no es negocio. Lo que busca, igualmente de manera velada, con la alianza para salvar la cabeza de Pedro Castillo del golpe/vacancia es golpear a la Sunedu y la reforma universitaria. No quieren desmontarlo. No es necesario. Basta, como viene ocurriendo, con neutralizarlo. Lo iremos viendo poco a poco.
Sus representaciones parlamentarias, los municipios distritales y provinciales y gobiernos regionales que ha ido ganando, más sus alianzas transitorias y puntuales con los gobiernos de turno le han permito lo más importante: legitimar sus negocios e inmunizarse de las investigaciones fiscales y del Poder Judicial. Lo ha convertido, simultáneamente en intocables y con poder en esos entes.
Por esa razón, habiendo tenido casi la misma práctica que el fujimorismo, no está siendo investigado por organización criminal. Y sus investigaciones por lavado de activos a sus miembros terminan archivados en el Ministerio Público. El argumento de muchos fiscales: no existen elementos para investigar la génesis de su capital y ulterior salto a nuevos millonarios.
Así, pues, ante el descalabro político del narcofujimorismo que proseguirá ha surgido el narcoapepismo, que no necesito ganar ninguna de las elecciones generales, ni quedar en segundo lugar (el fujimorismo logro tres veces), para ser considerado una fuerza de "centro" y garante de la "gobernabilidad". Sobre esto último, una tesis: en el Perú no hay gobernabilidad sin el narcotráfico.
A esa situación, hemos llegado. Una última sentencia judicial que ha generado el rechazo nacional e internacional es una muestra de lo que nadie quiere hablar en el Perú. Y, como consecuencia de ello, se habla de la real dimensión que el narcotráfico y el crimen organizado ha adquirido en el país. Ni hablar de la producción de amapola y opio en quince regiones y Cajamarca como la principal zona de producción. Eso es tabú.
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