Opiniones

Vraem: Ashaninkas incautan droga

Por Jaime Antezana Rivera

Dos hechos sin precedentes en el Perú han ocurrido entre fines del mes de octubre e inicios de noviembre en el Ene, una de las cuencas del Vraem, en un contexto caracterizado por la sobreproducción de coca y un intenso tráfico ilícito de drogas de gran volumen.

El primero, el pasado 26 de octubre, en la comunidad nativa (ashaninka) de Cheni: un grupo de nativos incautó (no la policía, como se informó a los medios y estos a la opinión pública) 400 kilos de droga. Al tener información, la policía trasladó la carga a Mazamari para su pesaje y pruebas de rigor.

Y, la segunda, el 2 de noviembre, en la comunidad de Ótica, en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, miembros del comité de autodefensa incautó 200 kilos de droga. Al igual que la carga anterior, la policía la llevó a Mazamari para el pesaje y pruebas de rigor.

¿Por qué son hechos sin precedentes? Pues porque nunca la población civil ni, mucho menos, indígenas han realizado la incautación de cargamentos de droga, una labor que es competencia de la policía y la colaboración de las FFAA.

¿Por qué, siendo así, los grupos de indígenas Ashaninkas han adoptado está actitud activa en el decomiso de drogas cocaínicas? No se debe, cómo se puede suponer, por la enorme cantidad de drogas que está saliendo del Vraem en dirección de Atalaya, para ser cargado en avionetas.

Lo hacen porque la policía no realiza o a abdicado del control de tanta droga, a un precio por debajo de su precio pre-pandemia. Porque sale como "Pedro en su casa", a pesar que la policía ha indicado que el decomiso, antes de finalizar el año, es récord.

¿Y por qué ocurre eso? La respuesta apunta más arriba: el gobierno no tiene una política o estrategia contra el crimen organizado y, dentro de este, el narcotráfico. ¿Eso es novedad? No. Al igual que PPK y Vizcarra, el gobierno de Pedro Castillo no tiene ningún lineamiento contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Más bien, a contrapelo de ello, hasta la corta era de Luis Barranzuela en el sector Interior, sus planteamientos en pro-cocaleros: la ley de la coca para legalizar e "industrializar" y la suspensión de la erradicación o atenuación. En pocas palabras, a favor del crecimiento de este cultivo.

¿A quién terminaba favoreciendo esos "compromisos" con los cocaleros? Al narcotráfico. El último reporte, del 25 de junio, de la Oficina de Política Nacional Antidrogas de la Casa Blanca señala que el Perú produce 88,200 hectáreas de coca. Es obvio que una ley legalizadora y que vende la ilusión de industrializar lo beneficia.

En ese cuadro de cosas, y consientes de los riesgos que corren, los miembros de las comunidades indígenas Ashánincas del Ene le están exigiendo al gobierno una política contra ese flagelo que ha -y sigue- invadiendo sus territorios. De esa manera, se unen a los indígenas de Ucayali que han denunciado el asesinato de líderes y amenazas de muerte por el crimen organizado.


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