Fiscalía en reestructuración interna
Tomás Gálvez confirma disolución de equipos especiales desde enero
Investigaciones emblemáticas pasarán a fiscalías especializadas del Ministerio Público.
Lima.- El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que la disolución de los equipos especiales del Ministerio Público se hará efectiva a partir del 6 de enero, fecha conocida como la Bajada de Reyes.
La medida alcanza a grupos emblemáticos como el Equipo Especial Lava Jato y el equipo que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, generando una fuerte controversia en el sistema judicial y político del país.
Gálvez precisó que la decisión fue adoptada el 19 de diciembre y que solo resta su formalización mediante una resolución administrativa que entrará en vigencia en enero.
Según explicó, estos equipos “ya están prácticamente disueltos” y su eliminación responde a una reestructuración interna de la Fiscalía, bajo el argumento de que no han obtenido los resultados esperados en los procesos a su cargo.
De acuerdo con el fiscal interino, las investigaciones que hoy están en manos de los equipos especiales serán reasignadas a fiscalías especializadas ordinarias, las cuales, aseguró, cuentan con la capacidad técnica y legal para continuar los casos sin afectar su desarrollo.
Gálvez sostuvo que esta reorganización permitirá una gestión más eficiente, evitando concentraciones de poder y garantizando que los procesos se conduzcan conforme a la ley.
La decisión ha provocado una ola de críticas por parte de fiscales que integran o han integrado estos equipos. Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, advirtió que la disolución podría debilitar la lucha contra la corrupción y favorecer escenarios de impunidad en investigaciones de alto impacto nacional.
En la misma línea, el fiscal José Domingo Pérez cuestionó la legitimidad de la medida, señalando que Gálvez ya había adelantado su postura crítica contra estos equipos antes de asumir el cargo interinamente.
El anuncio se produce en un contexto de tensión interna dentro del Ministerio Público, marcado por enfrentamientos públicos entre autoridades fiscales y cuestionamientos sobre la conducción de los casos más sensibles del país.
Gálvez ha sido enfático en señalar que algunos fiscales “se han apropiado de los casos”, postura que ha encendido el debate sobre la independencia de las investigaciones y la autonomía del sistema fiscal.
Especialistas en derecho y analistas políticos advierten que la desaparición de los equipos especiales representa un cambio estructural significativo en la forma en que el Estado peruano enfrenta los delitos de corrupción y crimen organizado.
Señalan que, si bien la reorganización es una facultad administrativa, su impacto real dependerá de cómo se reasignen los expedientes y se garantice la continuidad de las investigaciones.
Organizaciones de la sociedad civil y sectores vinculados a la defensa de la institucionalidad democrática han expresado su preocupación por el mensaje que transmite esta decisión, en un país donde la lucha contra la corrupción sigue siendo una de las principales demandas ciudadanas.
La disolución de estos equipos, sostienen, podría afectar la confianza pública en la justicia.
Mientras tanto, el Ministerio Público enfrenta el reto de demostrar que la medida no implicará retrocesos ni paralizaciones en los procesos en curso.
El inicio del año marcará un punto clave para evaluar si la reestructuración anunciada por Tomás Gálvez fortalece o debilita la persecución penal en el Perú.
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