Gobernador chalaco vuelve el lunes
Ciro Castillo retoma gobernación del Callao tras anulación de prisión preventiva
Decisión judicial habilita retorno de Castillo mientras sigue investigación penal activa.
Callao.- Tras una decisión judicial reciente que marcó un giro importante en su situación legal, Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, se alista para retomar su cargo este lunes 2 de febrero en la sede del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao), luego de que el Poder Judicial anulara la orden de prisión preventiva en su contra, informó su abogado.
La medida de 24 meses de prisión preventiva, impuesta originalmente por el 11.º Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao en el marco de una investigación por presunta organización criminal y colusión agravada en el caso denominado “Los socios del Callao”, fue revocada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao y reemplazada por una orden de comparecencia con restricciones.
Según la resolución judicial, Castillo Rojo debe presentarse mensualmente al registro biométrico, no ausentarse de su localidad sin autorización, no brindar declaraciones a la prensa sobre el caso y pagar una caución de 20 000 soles, entre otras condiciones que deberá cumplir mientras continúa el proceso penal en su contra.
Su abogado, Humberto Abanto, explicó que la anulación de la prisión preventiva elimina el impedimento legal para que Castillo retome sus funciones como gobernador.
En consecuencia, la suplencia ejercida por la vicegobernadora, designada mientras él estaba impedido de ejercer, cesa automáticamente con la restitución del titular al cargo.
No obstante, la defensa advirtió que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha señalado que podría detener a Castillo si lo encuentra, debido a que aún figura una requisitoria policial, lo que ha motivado un pedido al comandante general de la institución para que se respeten los efectos de la decisión judicial.
Este retorno se da en un contexto de alto interés público y político, en medio de acusaciones que involucran a la autoridad regional en presuntos actos de corrupción relacionados con contrataciones públicas.
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