Transporte crítico
Transportistas anuncian paro nacional en noviembre y critican estado de emergencia
Gremio reclama aumento de homicidios de conductores y falta de acción del Ejecutivo.
Fuente: Composición LR
Lima. -El presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), Miguel Palomino, anunció una convocatoria para un paro nacional del transporte programado para la quincena de noviembre, al asegurar que la medida se toma porque el actual régimen de emergencia en Lima y Callao no ha logrado frenar la criminalidad que afecta al gremio.
Palomino señaló que, en su evaluación, la declaración de estado de emergencia por parte del gobierno de José Jerí ha resultado ineficaz para contener el asesinato de conductores y el cobro de cupos por mafias delictivas. “La situación se ha agravado”, manifestó el dirigente durante su anuncio público.
El gremio transportista denunció que, aún después del compromiso del Ejecutivo –fraguado en reuniones celebradas el pasado 7 de octubre– en un plazo de 15 días para implementar acciones de seguridad, los hechos violentos no solo persistieron, sino que se incrementaron. Entre los hechos citados figura un conductor de ruta Chepén-Lurín asesinado el 16 de octubre.
Entre los motivos que esgrimen los transportistas está la continuidad de la extorsión: “Los carros grandes están pagando y por eso no los matan; pero si dejas de pagar, te matan. Los pequeños son los que ahora están siendo atacados”, explicó Palomino.
El paro nacional proyectado tiene intención de incluir a todo el sector transporte y se coordina con otras bases gremiales. Palomino adelantó que, junto a la medida de fuerza, solicitarán una reunión de emergencia con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para instalar una mesa de trabajo que revise la implementación del estado de emergencia y las normas que –afirmaron– favorecen a la delincuencia organizada.
En esa línea, los transportistas exigieron la derogación de varias leyes que, en su visión, debilitan la acción del Estado contra la criminalidad. Entre ellas citan la Ley N.º 32108 (que redefine “organización criminal”), la Ley N.º 32181 (que limita detención preliminar a efectivos policiales) y la Ley N.º 31751 (relacionada con prescripción penal).
El trasfondo de esta decisión se encuentra en la percepción del gremio de que la seguridad ciudadana se encuentra en regresión y que el transporte público se está convirtiendo en blanco sistemático de la violencia organizada. Los conductores han denunciado que el actual estado de emergencia no ha logrado reducir los homicidios ni mejorar la protección del sector.
Para el gobierno, esta movilización supone un nuevo desafío en plena crisis de gobernabilidad y seguridad. La capacidad del Estado para responder, atender los reclamos y coordinar con los transportistas será un indicador importante de su eficacia operativa.
En resumen, el anuncio de paro nacional por parte de los transportistas y su cuestionamiento al estado de emergencia del presidente José Jerí reflejan un punto crítico del malestar social: un gremio esencial del transporte que se siente desprotegido y dispuesto a recurrir a la huelga para exigir acción y resultados. La expectativa ahora está en si el Ejecutivo logra apaciguar la movilización, negociar los términos y —sobre todo— responder con medidas que verdaderamente reduzcan la violencia en el sector.
Fuente: La República
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