Disolución obligada

Rutas de Lima inicia proceso de disolución y liquidación por crisis financiera

Concesionaria acusa hostigamiento del municipio y estados de suspensión de peajes que redujeron ingresos dramáticamente.

Fuente: Composición LR

Lima. -La concesionaria Rutas de Lima S.A.C. (RDL) anunció que su Junta General de Accionistas, en sesión del 29 de setiembre, aprobó la disolución y liquidación de la empresa, al argumentar que las recientes decisiones municipales y judiciales han puesto en grave riesgo su viabilidad financiera. La empresa responsabiliza principalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y otras entidades estatales por lo que denomina un “hostigamiento estructural” que ha dañado sus flujos de ingresos.

Según el comunicado oficial, uno de los detonantes fue la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje dentro de su concesión, medida que habría privado a RDL de recibir más del 60 % de sus ingresos habituales. La compañía sostiene que pese a esa caída drástica en ingresos, siguió prestando todos los servicios de operación, mantenimiento vial y auxilio vial.

RDL señala que esta decisión, aunque extrema, responde a una obligación legal impuesta por la Ley General de Sociedades frente a una situación financiera irreparable. No obstante, aun con su nuevo estatus jurídico, la empresa ha asegurado que continuará operando las vías concesionadas, atendiendo compromisos con usuarios, trabajadores y proveedores.

La relación entre Rutas de Lima y la MML ha sido conflictiva durante años. En 2023, la Municipalidad intentó declarar la caducidad del contrato de concesión, pero el tribunal arbitral suspendió dicha medida. Además, fallos judiciales obligaron a la suspensión de peajes, como en el caso de Puente Piedra, por vulnerar el derecho al libre tránsito de habitantes locales. En ese contexto, RDL acusa que la MML no cumplió con órdenes del Tribunal Constitucional respecto a vías alternas exigidas en sentencias de hábeas corpus.

La empresa también advierte que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para proteger sus derechos de inversión, pues interpreta que el Estado ha incumplido obligaciones contractuales y actos administrativos han puesto en jaque su sostenibilidad.

El anuncio ha generado incertidumbre en usuarios del servicio de peajes, autoridades locales y operadores de transporte. Si bien RDL ha dicho que no suspenderá operatividad, el proceso de liquidación podría complicar inversiones futuras, mantenimiento y eventual reemplazo de concesiones.

Para el Municipio de Lima, es probable que esta medida derive en acciones legales, contrademandas y negociación urgente. También puede abrir el escenario para que el Estado revise el esquema de concesiones viales del Perú y evalúe mecanismos de rescate, renegociación o intervención temporal.

Queda por verse cómo reaccionarán los accionistas, cómo se definirá la distribución de activos y responsabilidades, y qué impacto tendrá este episodio en la confianza inversionista en concesiones viales.

Fuente: La República

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