Defensa policial
Rospigliosi pide reintegración de suboficial Magallanes en la PNP
El congresista sostiene que el agente cumplió su deber pese a la muerte de ‘Trvko’.

Fuente: Composición LR
Lima. -El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitó públicamente que el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Luis Magallanes, sea reintegrado de inmediato a sus funciones en la PNP, argumentando que éste “solo cumplió con su deber” luego del incidente en el que falleció el rapero Trvko (Eduardo Ruiz Sanz) durante las movilizaciones del 15 de octubre en Lima.
Rospigliosi visitó al agente Magallanes en el hospital policial donde permanece internado tras resultar herido en las manifestaciones. Allí publicó una fotografía junto al suboficial, su madre y su hermano, y afirmó que la detención preliminar que pesa sobre Magallanes es “ilegal”, denunciando que fiscal y juez estarían incurriendo en prevaricación.
“El suboficial sigue hospitalizado por la golpiza que le propinaron terroristas y delincuentes. Está ilegalmente detenido hasta el jueves por fiscal y juez prevaricadores. Por ley del Congreso está prohibida prisión preliminar o preventiva en estos casos. Por eso los delincuentes y sus secuaces en el Congreso atacan estas leyes a favor de la Policía. Magallanes debe ser reintegrado al servicio de inmediato”, sostuvo Rospigliosi en un mensaje publicado en su cuenta en X.
El hecho que desencadenó esta controversia fue la muerte del rapero Trvko durante las manifestaciones. Magallanes es señalado como el agente que disparó el proyectil que causó la muerte de Ruiz. Mientras tanto, los familiares del artista (como su padre Roger Ruiz) han rechazado las acusaciones de Rospigliosi, quien calificó al fallecido como “terruco” —un término peyorativo que alude al terrorismo— y desistido de cambiar su frase pese a correcciones.
La solicitud de reintegración del agente por parte del presidente del Congreso genera una fuerte reacción pública y política. Por un lado, plantea un respaldo institucional al accionar de la Policía Nacional y una defensa de la actuación de sus agentes en manifestaciones; por otro, abre interrogantes sobre la independencia de la justicia y la investigación penal en casos de uso de fuerza letal durante protestas.
Especialistas en derechos humanos señalan que la intervención del Legislativo en este tipo de procesos puede comprometer la imparcialidad del sistema y afectar la confianza ciudadana en que se actúe con transparencia. En este caso, además, se cuestiona cómo se aplican las leyes que protegen a miembros de la policía que actúan en cumplimiento de su deber —como la ley N.º 32181, que limita las detenciones preventivas de efectivos policiales—.
De forma paralela, la familia del rapero emitió una carta notarial exigiendo que Rospigliosi rectifique sus declaraciones en las que atribuye al artista un vínculo con el terrorismo. “Mi hijo no es ningún terruco; mi hijo es un artista que salió a expresar su sentimiento en este Perú que está desangrándose. Lo asesinaron”, declaró Roger Ruiz.
El caso aún está en curso: la Fiscalía ha encargado diligencias a la División de Investigación de Homicidios (Dirincri) para esclarecer la trayectoria del disparo, posibles responsabilidades del agente, y su situación de hospitalización. Rospigliosi, por su parte, ha condicionado su respaldo al cumplimiento de las normas que protegen al personal policial.
En definitiva, la petición de reintegración de Magallanes expresa un cruce entre política, justicia y seguridad ciudadana. Queda por ver cómo se desarrollará el proceso judicial, si la PNP acata la solicitud, y qué efectos tendrá este episodio en la percepción pública de la actuación policial y del Congreso.
Fuente: La República
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