Contra la criminalidad
Estado de emergencia en Lima y Callao: apagón en penales y restricciones a motos lineales
El Gobierno establece nuevas medidas contra el crimen organizado con restricciones y patrullajes conjuntos.
Fuente Fotográfica: La República
Lima.- El presidente José Jerí informó esta noche la declaración de estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días para combatir la inseguridad ciudadana, vigente desde las 00:00 horas del miércoles 22 de octubre.
En un mensaje a la Nación, Jerí destacó que el crimen organizado ha crecido de manera alarmante, afectando a miles de familias y perjudicando la economía, pero afirmó que “hoy iniciamos un nuevo capítulo” en la lucha contra la delincuencia, con el objetivo de restablecer la seguridad y la tranquilidad en el país.
Tras el anuncio, el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, que establece el estado de emergencia, fue publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, señalando que la medida se adopta ante la grave afectación de la seguridad ciudadana y el aumento de delitos como homicidios, sicariato y extorsión.
Asimismo, el decreto establece que durante este periodo la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá el control del orden interno, respaldada directamente por las Fuerzas Armadas, y que las zonas de intervención se definirán según informes de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
El decreto restringe temporalmente cuatro derechos constitucionales y establece que las actividades masivas requieren permiso previo, mientras que las no masivas no necesitan autorización. El decreto señala que el estado de emergencia establece medidas operativas y de control en diversas zonas para garantizar la presencia efectiva del Estado en los lugares dominados por la delincuencia.
Durante el estado de emergencia, la PNP, las Fuerzas Armadas y el serenazgo municipal realizarán control territorial y patrullajes, operativos de búsqueda y captura, control de identidad en personas y extranjeros, restricción de motos lineales, intervención de vehículos con documentación irregular, decomiso de armas y pirotécnicos ilegales, y fiscalización de insumos químicos para drogas.
El decreto establece medidas penales para combatir redes criminales, incluyendo restricción de visitas, apagón eléctrico en celdas, pruebas de confiabilidad al personal y operativos contra telecomunicaciones ilegales relacionadas con extorsión o secuestro.
El decreto establece que las unidades de flagrancia se reforzarán para agilizar la respuesta judicial, mientras la PNP garantizará seguridad especial a fiscales y jueces en casos de criminalidad. Además, el Comité de Fiscalización realizará operativos en mercados ilegales vinculados a trata de personas, drogas y autopartes. La intervención de la PNP y las Fuerzas Armadas se ajustará a los decretos legislativos sobre uso de la fuerza y al protocolo de actuación conjunta para personas en situación de vulnerabilidad.
Fuente: RPP
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