Más de 760 extranjeros expulsados del Perú en 24 horas

Lima. - La Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó 1,123 operativos de verificación y fiscalización migratoria durante el primer trimestre del año, lo que culminó en la expulsión de más de 760 personas extranjeras que infringieron la legislación migratoria vigente. 

Según la institución, los operativos se concentraron principalmente en regiones como Puno (20,93%), Pucallpa (11,84%), Tumbes (10,15%) y Tarapoto (9,26%). También se realizaron acciones significativas en Lima (7.21%), Arequipa (5.88%), y Chimbote (5.25%), además de otras ciudades como Callao, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Puerto Maldonado, Tacna y Trujillo. 

Durante estas intervenciones, los fiscalizadores migratorios realizaron controles de identidad mediante la revisión de documentos, en coordinación directa con la base de datos interconectada de Migraciones y los sistemas de alerta, utilizando tabletas electrónicas para verificar la información en tiempo real. 

Una de las medidas más destacadas fue la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), que permite ejecutar expulsiones en un plazo máximo de 24 horas. Este procedimiento, dividido en fase instructora y sancionadora, notifica a los infractores sobre las imputaciones y permite que las jefaturas zonales de Migraciones emitan rápidamente las órdenes de salida del país, ejecutadas por la PNP. 

La estrategia de control se vio reforzada con la implementación de una oficina móvil de Migraciones, equipada con cuatro módulos de trabajo, conexión a internet satelital y autonomía energética, lo que permite iniciar los procedimientos sancionadores directamente en el lugar de intervención, junto con la PNP. 

Esta oficina móvil representa un paso importante en la lucha por el fortalecimiento de la seguridad migratoria, ya que permite una respuesta inmediata ante infracciones detectadas durante los operativos. Además, se cuenta con el respaldo del Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y las autoridades locales, en un esfuerzo conjunto por combatir la ilegalidad y proteger el orden interno. 

Las acciones, que forman parte de una estrategia más amplia frente al incremento de delitos vinculados a extranjeros en situación irregular, buscan mantener un control más estricto y garantizar que solo aquellos que cumplan con la legislación nacional permanezcan en el territorio peruano. 

Con esta intervención masiva, la Superintendencia reafirma su compromiso de mantener el orden migratorio, proteger la seguridad nacional y garantizar el respeto por las normas que rigen la convivencia dentro del país 

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