Propuesta polémica en el Congreso

Congreso busca bloquear el apoyo internacional a comunidades indígenas y organizaciones civiles

Iniciativa legislativa pone en riesgo la colaboración internacional

Lima.- Las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales en la denuncia de violaciones a los derechos humanos y en la promoción de la transparencia en el gobierno. Sin embargo, el Congreso peruano estaría avanzando en una propuesta que busca limitar el financiamiento a estas entidades, particularmente a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Javier Azpur, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), ha expresado su preocupación por un dictamen que modificaría las normativas de la APCI, lo que podría restringir el acceso a la cooperación internacional para las organizaciones peruanas, afectando a diversos sectores de la población.

El dictamen, aprobado sin debate previo por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso el 5 de junio de 2024, será discutido próximamente en el Pleno. Esta propuesta, que incluye varios proyectos de ley, tiene como objetivo controlar las actividades de diferentes grupos ciudadanos, como medios alternativos, gremios, ONG y otras entidades. Esta medida ha sido vista como una amenaza a la libertad de asociación y participación, ya que podría dejar a estas organizaciones vulnerables a decisiones arbitrarias, limitando su capacidad de actuación y de denuncia.

Representantes de comunidades indígenas y trabajadores también han manifestado su preocupación. Hamer Manihuari, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), señaló que este dictamen afectaría gravemente a las organizaciones indígenas, que dependen de la cooperación internacional para asegurar su seguridad jurídica y avanzar en sus demandas. Además, Eusebio Vásquez Ayala, de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE Perú), resaltó cómo la ayuda internacional es crucial para los agricultores, especialmente en la lucha contra la inseguridad alimentaria.

Por otro lado, la Coordinadora de Entidades Extranjeras de Cooperación Internacional en el Perú (COEECI) ha expresado su disposición a colaborar para crear un marco que asegure la transparencia en la cooperación internacional, pero también ha señalado que el dictamen podría afectar la libertad de asociación y participación, principios esenciales para el funcionamiento de las organizaciones. Asimismo, Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP, rechazó la propuesta, argumentando que socavaría a las organizaciones defensoras de los derechos laborales y humanos, y exhortó al Congreso a centrarse en temas urgentes como el hambre y la inseguridad.

Ante la amenaza de que estos proyectos de ley sean aprobados, el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que se emprenderían acciones legales si las leyes propuestas llegan a concretarse. Según Rivera, estos proyectos son inconstitucionales y buscan crear una “lista negra” de organizaciones que denuncian abusos del Estado, lo que generaría un clima de hostigamiento y persecución. Además, subrayó que las ONG que reciben apoyo internacional ya son sometidas a auditorías, lo que garantiza su transparencia. Sin embargo, el Congreso parece enfocado en perseguir y reprimir a las entidades que cumplen un papel crítico en la vigilancia de los derechos humanos en el país.

Fuente: Infobae

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