Restitución de Terrenos: Un Paso Crucial Hacia la Legalidad y el Desarrollo Sostenible en Perú

Lima.- La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) ha llevado a cabo una significativa restitución de terrenos al Estado peruano mediante procesos extrajudiciales, abarcando tres casos de ocupaciones ilegales en distintas regiones del país. En Puente Piedra, Lima, se recuperó un área de 19,879.16 m² cercana al asentamiento humano 5 de Octubre, donde se encontraron estructuras precarias y delimitaciones con cal, evidenciando actividades ilegales de lotización y tráfico de terrenos. La intervención fue oportuna y ejecutada con la colaboración de la policía local, destacando el esfuerzo por preservar los recursos estatales destinados al beneficio público.

En Chancay, provincia de Huaral, se restituyeron nueve predios situados cerca del centro poblado Chancayllo, a lo largo de la carretera Panamericana Norte. Estos terrenos también mostraban signos de ocupación ilegal con estructuras improvisadas y cercas rudimentarias de madera y alambre. La zona está próxima a la construcción de un megapuerto inteligente, subrayando la importancia de proteger áreas estratégicas de desarrollo regional y nacional.

En la región de Arequipa, específicamente en el distrito de Chala, se recuperaron tres terrenos con un total de 2,218.29 m² en la zona de Playa Grande, a lo largo de la ruta Chala-Camaná. Durante la operación, se identificaron reservorios de agua abandonados y edificaciones de ladrillo y concreto sin techo, indicando una ocupación pasada pero no activa. La presencia de muros bajos dispersos y cercas rudimentarias sugiere intentos anteriores de establecimiento ilegal en este área costera de significativo potencial económico y ambiental.

Estas acciones de la SBN reflejan un compromiso continuo con la protección y gestión adecuada de los bienes estatales en todo el país. La recuperación de estos terrenos no solo representa un paso importante hacia la legalidad y el ordenamiento territorial, sino que también asegura que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y beneficiosa para toda la población. La coordinación con autoridades locales y el seguimiento diligente de procesos administrativos son clave para prevenir futuras ocupaciones ilegales y garantizar el uso adecuado de los espacios destinados al desarrollo y bienestar común en cada región.

Fuente: Andina

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