Lima.- En una acción sorpresiva, el Ministerio Público llevó a cabo un operativo de allanamiento con descerraje en la residencia de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de Surquillo, con el propósito de realizar un registro e incautación de posibles evidencias.
El operativo contó con la participación del personal de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional y del Ministerio Público, quienes se desplazaron hasta el domicilio de la mandataria para llevar a cabo la diligencia.
Ante esta situación, el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, manifestó su profunda preocupación y calificó la medida como "totalmente desproporcionada", denunciando un atropello a la dignidad de la presidenta y a la nación que representa.
En declaraciones a la prensa, Adrianzén expresó su indignación y cuestionó la necesidad de llevar a cabo acciones de este tipo en un día feriado y en horas de la madrugada.
Además, destacó que se había solicitado la postergación de la fecha para que la presidenta se presente a ofrecer su declaración, petición que no fue concedida.
Asimismo, el jefe del Gabinete señaló que la mandataria se encontraba en el Palacio de Gobierno al momento del allanamiento, donde personal de la Fiscalía y la Diviac continuaron con la diligencia en el marco del caso en cuestión.
En cuanto a la posibilidad de que la presidenta brinde explicaciones a la ciudadanía sobre su situación legal, Adrianzén afirmó que el único espacio adecuado para ello es en el Ministerio Público.
El operativo de allanamiento en la residencia de la presidenta ha generado una gran controversia y ha puesto en el centro del debate público la legalidad y la proporcionalidad de las acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en este caso.