Alcalde de Ancón, Samuel Daza, Celebra Fallo del TC que Suspende Peaje en Puente Piedra

Ancón.- El alcalde de Ancón, Samuel Daza, expresó su satisfacción hoy sábado ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra a la empresa Rutas de Lima SAC.

Consideró este fallo como un acto de justicia y un precedente importante para proteger los derechos fundamentales, especialmente el libre tránsito.

En declaraciones durante un programa radial, Daza resaltó la magnitud del dictamen, señalando que establece un precedente significativo para inversiones que llegan al Perú y buscan respetar los derechos básicos.

"Los vecinos de Lima Norte, de Ancón, Puente Piedra, Carabayllo y Comas recibimos la noticia con mucho agrado", expresó el alcalde.

El alcalde de Ancón subrayó la importancia de la demanda de hábeas corpus presentada por un vecino de Puente Piedra, el señor Ramón Pairasamán, que resultó en una resolución favorable por parte del TC.

Destacó que la sentencia establece que el peaje de Puente Piedra ha vulnerado el derecho al libre tránsito, ya que no existen rutas alternas efectivas para los residentes que se desplazan desde el norte del país.

Daza enfatizó que la sentencia del TC establece una barrera alta para que los jueces evalúen futuros casos relacionados con derechos fundamentales y expresó su confianza en la solidez del argumento presentado por los vecinos de Puente Piedra.

El alcalde también abordó la continuidad de los servicios de mantenimiento por parte de Rutas de Lima, a pesar de la suspensión del peaje. Afirmó que esta obligación persiste hasta que la concesionaria implemente una vía alterna y el cobro se reanude.

Cabe destacar que el fallo del TC, declarando fundada en parte la demanda de hábeas corpus, ordena la suspensión del cobro del peaje en Puente Piedra hasta que la justicia penal emita pronunciamientos firmes sobre la legalidad del contrato de concesión y sus adendas.

En respuesta, Rutas de Lima SAC calificó el fallo como "arbitrario y vulnerador" de sus derechos, generando un ambiente de inseguridad jurídica que, según la empresa, afecta a todos los inversionistas y titulares de concesiones en el país.