Acusaciones agresivas
Regidores denuncian al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, por actos violentos
Los concejales de la Municipalidad Provincial de Trujillo condenan los episodios violentos durante la sesión del lunes 20 de noviembre. Alegan que Arturo Fernández está implicado en diversos delitos.
Trujillo.- En una rueda de prensa realizada el 21 de noviembre, el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna, junto con otros regidores, anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde Arturo Fernández, con fecha del 20 de noviembre, en relación con los disturbios ocurridos en el Palacio Municipal durante una manifestación.
El concejal Mario Reyna comunicó a los medios que la denuncia se dirigió contra el alcalde Arturo Fernández Bazán, el gerente municipal, Jesús Velásquez, y el gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Liu. La acusación formal abarca cargos por "delito de perturbación donde las autoridades ejercen función pública y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones", según manifestó Reyna.
Durante la misma conferencia, otros regidores se unieron al pronunciamiento de Reyna. Jorge Vásquez, Luis Miguel Gonzales, Andrés Sánchez, Susy Plasencia y Mayra Campos expresaron su rechazo a los actos violentos que tuvieron lugar durante la sesión de concejo que ratificó la suspensión del alcalde de Trujillo.
La regidora Mayra Lucía Campos Pinedo mostró sorpresa y desaprobación de los hechos violentos, afirmando que "no esperaba estos hechos".
Por otro lado, el regidor Jorge Vásquez hizo un llamado a la población para que rechace cualquier forma de violencia, señalando que no se pueden normalizar actos violentos por parte del alcalde provincial. Andrés Sánchez denunció que la sesión de concejo fue saboteada para evitar su realización y bloquear la solicitud de reconsideración a la suspensión del alcalde.
Susy Plasencia reiteró el rechazo a los actos de violencia y expresó su descontento por los acontecimientos ocurridos.
Finalmente, el concejal Luis Miguel Gonzales Rosell informó que el alcalde provincial tiene un plazo de 10 días para apelar desde el envío del acta de la sesión. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene un plazo de 30 días para responder a la apelación presentada por el burgomaestre.
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