Poder en contra posición
Gremios Periodísticos al Congreso: No comprometan la libertad de Prensa, retiren la norma
Se pretende modificar el Código Penal en contra de los comunicadores.
Lima.- Los gremios de prensa más representativos del Perú coinciden en que existen graves riesgos para la democracia y el ejercicio libre de la prensa. Esta alarmante situación es precedida por el proyecto de ley presentado por el premier Alberto Otárola junto a otros seis Ministros quienes solicitaron modificar el Código Penal para incluir sanciones a los instigadores del delito de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos, entre los que se considera a los comunicadores.
El texto sustitutorio del dictamen añade que se insiste en la modificatoria “sin afectar las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento”. Según la Comisión de Constitución del Parlamento, al incorporar una precisión a la norma, se habría colocado un supuesto candado para garantizar la libertad de expresión.
Si bien la decisión de cambiar este fragmento del Código se debatirá en el próximo pleno que se llevará a cabo el día jueves 21 de septiembre, los gremios periodísticos ya se han manifestado al respecto y mencionaron que se trataría de un engaño, ya que abriría las puertas al inicio de procesos penales contra los periodistas generando una censura encubierta.
Los principales representantes de las entidades periodísticas se pronunciaron a través del medio La República, siendo la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, quien observó que hay una persistencia en la incoherencia entre lo que se dice y se hace por parte del Gobierno y el Congreso.
“El supuesto candado añadido por el Congreso es un maquillaje que pretender limitar el ejercicio libre de la prensa. Lo que realmente quieren es acotar al máximo la posibilidad de informar sobre las movilizaciones sociales en el país. Hay un pedido concreto: retirar la criminalización a comunicadores del pedido de facultades. No hacerlo implicaría coartar a la prensa peruana”, mencionó Lainez.
Por otro lado, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, advirtió que el texto sustitutorio permitiría que se abran procesos penales contra periodistas. “Como está el texto, se abre la puerta para que se pueda procesar a cualquier comunicador por supuestamente instigar a disturbios. Si realmente el Gobierno no tuviera intenciones de afectar a la prensa, hubiese retirado la propuesta. Como está, permitirá a los jueces aplicar arbitrariamente la ley”.
La República también consultó con el asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, para averiguar sus posiciones gremiales ante la insistencia del Gobierno y Congreso para aprobar dicha modificatoria. Pereira alertó que se buscaría flexibilizar la norma penal existente para poder sancionar a periodistas que legítimamente informen sobre manifestaciones y/o que convoquen a marchas que no agradarían al poder de turno.
“Esta modificatoria es absolutamente inconstitucional. El Congreso ha reconocido que existe un problema en el pedido del Ejecutivo sin revocarlo. Esta figura duplicaría la interpretación de la ley por parte de los operadores jurídicos. Este nuevo espacio permitiría que se planteen denuncias contra periodistas”, comentó Pereira para el medio periodístico.
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