Control abusivo
Inspectoría investiga a policías en Arequipa por presunta siembra y robo
Cámaras muestran efectivos colocando droga y extrayendo dinero durante operativo
Fuente: RPP
Arequipa. -La Policía Nacional del Perú (PNP) afronta un nuevo escándalo de presunta corrupción: la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú ha abierto una investigación de oficio tras la difusión de videos en los que agentes del Grupo Terna habrían sembrado droga a una persona intervenida y robado dinero a otro, durante un operativo en un local nocturno.
La intervención fue realizada la madrugada del domingo 26 de octubre en el club nocturno “Azúcar”, ubicado en la avenida Dolores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Uno de los videos muestra cómo un agente introduce su mano en el bolsillo izquierdo de la casaca de un intervenido, minutos antes de que se le encontraran en ese bolsillo 19 bolsitas con droga. En otro clip, se observa a un efectivo revisar la billetera de otro intervenido y extraer billetes que luego guarda en su propio bolsillo.
El abogado que representa a la persona afectada, Santiago Seúl Mendoza Flores, denunció que “dos policías ingresaron a la barra, lo sacaron por la fuerza al baño de mujeres… uno lo agarró del cuello y le dio una cachetada”. Además, afirmó que días antes del operativo los agentes del local le pidieron dinero para no intervenirlo. Esta denuncia por corrupción fue ampliada ante el Ministerio Público.
El jefe de la Región Policial de Arequipa, Olger Benavides, informó que los videos “tienen que ser validados correctamente conforme a ley, con la cadena de custodia y todo lo que corresponde”. Precisó que los policías sindicados continúan en sus funciones mientras se desarrolla la investigación, la cual tiene un plazo de hasta 45 días para emitirse el informe final.
Según Benavides, el operativo formó parte de los controles que la PNP realiza en la avenida Dolores los fines de semana, zona que es foco de locales donde podrían existir actividades vinculadas al favorecimiento de la prostitución o al expendio de bebidas alcohólicas sin control. Sin embargo, los hechos observados podrían poner en entredicho la integridad de esa acción policial de control.
Este caso abre varias líneas de análisis preocupantes para la ciudadanía y para la propia institución policial. En primer lugar, la presunta “siembra de droga” —es decir, la colocación de evidencia ilícita en un intervenido para asegurarlo como autor de un delito— representa un grave abuso de autoridad que vulnera derechos fundamentales. En segundo lugar, el robo de dinero durante la detención cuestiona la ética y la legalidad de los procedimientos de fuerza pública. En conjunto, tales actos dañan la confianza pública en la PNP, reduce la legitimidad de los operativos de seguridad y genera temor en que los ciudadanos puedan ser víctimas no solo del delito, sino también de la autoridad.
Desde la perspectiva de la institución, queda claro que el establecimiento del control de calidad interno debe ser reforzado. La actuación de la Inspectoría es clave, pero también lo es la implementación de mecanismos preventivos, capacitación sobre derechos humanos, supervisión de los operativos y transparencia en los procesos de detención. La mejora institucional debe ir más allá de sancionar a los responsables: debe incluir la transformación cultural para que hechos como estos no se repitan.
Para la población de Arequipa, el mensaje es doble: por un lado, la vigilancia ciudadana y la documentación de abusos se muestran como herramientas útiles para denunciar excesos policiales; por otro, la necesidad de que las autoridades garanticen que los controles de seguridad se realicen con apego al marco legal y no se conviertan en escenarios de arbitrariedad. En un contexto en el que la inseguridad y delincuencia son factores centrales de preocupación social, la eficacia de la policía no puede desvincularse del respeto a los derechos humanos.
Finalmente, quedan preguntas importantes en el aire: ¿cuántos agentes están involucrados realmente en la presunta siembra y robo? ¿Se trata de casos aislados o hay una práctica generalizada en la región? ¿Qué medidas concretas adoptará la PNP para recuperar la confianza ciudadana? Mientras tanto, la Inspectoría y las instituciones encargadas de la justicia tienen la tarea de dar respuestas claras, oportunas y transparentes para que la alarma social provocada por este suceso no quede en un expediente más.
Fuente: RPP
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