Fiscal amenazada
Fiscal Margarita Haro es víctima de extorsión tras prisión preventiva otorgada
La fiscal denuncia amenazas de la banda “Los Pepes SJL” para abandonar su caso.

Fuente: Composición LR
Lima. -La fiscal provincial titular del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho-Zona Media, Margarita Haro Pinto, denunció públicamente que viene siendo víctima de actos de extorsión por parte de la organización criminal autodenominada Los Pepes SJL, cuyo cabecilla sería el delincuente conocido como alias “El Colocho”. La fiscal recibió mensajes mediante los cuales se le exigía retirarse del proceso que dirige contra la banda Los Chukys de Juan Pablo II o enfrentarse a represalias.
Haro Pinto lidera un despacho que logró que el Poder Judicial dictara 18 meses de prisión preventiva contra siete presuntos integrantes de “Los Chukys” —acusados de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de explosivos y pertenencia a banda criminal— luego de una investigación que involucró allanamientos, incautaciones y testimonios.
Según el comunicado del Ministerio Público-Distrito Fiscal de Lima Este, los mensajes extorsivos fueron enviados el 17 de octubre al móvil de la fiscal, en los cuales se le exigía que dejara de investigar a “Los Chukys” o se atuviera a las “consecuencias”. Los presuntos miembros de la organización le advirtieron que atentarían contra su seguridad personal si continuaba con el caso.
La Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este emitió un comunicado condenando estos hechos, reafirmando el respaldo absoluto a la fiscal Haro Pinto y declarando que “no se tolerará ningún intento de amedrentamiento o interferencia en el ejercicio autónomo de la función fiscal”. Las autoridades ya pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las diligencias correspondientes.
El episodio refuerza la gravedad de investigar a bandas criminales dedicadas a la extorsión y el riesgo que enfrentan fiscales que asumen dichos casos. En este contexto, la fiscal Haro Pinto se convierte en objeto de ataque por haber impulsado acciones que afectaron directamente los intereses ilícitos de la organización. La vinculación de una fiscal con amenazas de ese tipo evidencia los vacíos en la protección de operadores de justicia en áreas de alto conflicto delictivo.
Especialistas en criminalidad organizada señalan que las amenazas a fiscales son u n mecanismo clásico de las mafias para frenar la acción del Estado: al atemorizar a quien investiga, buscan diluir la senda de resistencia institucional. En el caso presente, los señalados también están recluidos bajo prisión preventiva —lo que incrementa su urgencia por conseguir su excarcelación o recortar la investigación—.
Para Margarita Haro Pinto el escenario exige doble acción: por un lado, continuar con la persecución penal sin ceder ante los mensajes intimidatorios; por otro, solicitar salvaguardas para su integridad y la de su familia. Su declaración pública representa un acto de valentía y una señal a la criminalidad de que la justicia seguirá adelante.
El caso también abre preguntas sobre la fortaleza institucional del país: ¿qué tan preparados están los mecanismos de defensa para proteger a fiscales y jueces en investigaciones clave? ¿Se cuenta con recursos efectivos de protección, logística y seguimiento para quienes están al frente de la lucha contra la extorsión y la delincuencia organizada?
En las próximas semanas, se espera que la fiscalía específica abra línea de investigación paralela por la extorsión contra la fiscal Haro Pinto, determine los responsables del envío de mensajes y refuercen las medidas de protección. El desafío es mayúsculo: sostener un caso contra una banda peligrosa mientras se resguarda la vida y la libertad de quien investiga.
Fuente: La República
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