Violencia silenciosa

Condorcanqui registra 47 nuevas denuncias de abuso sexual a menores, alerta comunidad awajún

Gobierno prometió acciones, pero la provincia amazónica denuncia abandono y repunte de agresiones en escuelas.

Fuente: Composición LR

Amazonas. -En la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, se han reportado 47 nuevas denuncias de abuso sexual contra menores durante el año, una alarmante cifra que profundiza la crisis de violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes de esa zona. Estas denuncias han sido agrupadas por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Condorcanqui y registradas hasta septiembre, lo que evidencia que el problema no solo persiste, sino que se intensifica. La República reporta que estas agresiones tienen como principales agresores a docentes y auxiliares del sistema educativo local.

Según datos oficiales, de las 47 denuncias en total, 14 fueron reportadas solo en septiembre. Esta cifra mensual refleja un crecimiento progresivo: enero registró 3 denuncias, febrero 1, marzo 6, mayo 7, agosto 11, entre otros meses con incidencias variadas. La denuncia colectiva de casos de violencia sexual en Condorcanqui no es nueva; desde 2010 hasta 2024, se acumulan más de 550 casos documentados con relación al sistema educativo en esa provincia.

Líderes de las comunidades indígenas awajún han denunciado históricamente que el Estado ha abandonado esas zonas remotas, donde las rutas de poder institucional no alcanzan y la protección a víctimas es mínima. En este contexto, el Consejo de Mujeres Awajún ha exigido una intervención urgente y efectiva, con medidas de protección, sanción y seguimiento del caso, pues muchas víctimas no denuncian por miedo, vacío de respuesta institucional o aislamiento territorial.

El gobierno de Dina Boluarte, al anunciar medidas ante diversos casos de abuso sexual en el país, se comprometió públicamente a actuar con firmeza, reforzar protocolos escolares y desplegar equipos de atención especializada. Sin embargo, en Condorcanqui, esos compromisos aún no se reflejan en un despliegue real de recursos, personal técnico o acompañamiento institucional eficaz. Denuncian que muchas promesas han quedado en el papel mientras las víctimas siguen expuestas.

Una dificultad estructural es el acceso limitado a servicios de apoyo psicosocial y legal en zonas indígenas aisladas, la escasa infraestructura de salud mental y la falta de redes de protección local. Además, en residencias estudiantiles del ámbito rural —espacios donde muchas víctimas viven alejado de su núcleo familiar— se han señalado casos de violencia sexual durante años, sin que haya una fiscalización adecuada.

Para expertos en derechos humanos, el incremento de denuncias revela no solo un mayor reporte, sino también una escalada real en los espacios vulnerables. Alertan que sin presupuesto, personal capacitado y vigilancia constante, las cifras seguirán ascendiendo. Además, la impunidad percibida en muchos casos fortalece la lógica del silencio.

Las organizaciones civiles han exigido que el Estado declare una emergencia en residencias estudiantiles amazónicas, implemente mecanismos de Justicia intercultural, instale Cámaras Gesell regionales y asigne médicos forenses con presencia territorial para garantizar que las denuncias sean investigadas.

Lo que ocurre en Condorcanqui interpela al país: niñas y niños que deberían ser protegidos por el sistema educativo, muchas veces víctimas de quienes debieran cuidarlos. La combinación de aislamiento, debilidad institucional y desigualdad territorial convierte esa provincia amazónica en uno de los puntos más críticos para la protección de la infancia en el Perú.

Fuente: La República

Sigue a Gaceta Peru TV en

Google

News