Polémico penal en debate
Alcalde de La Punta pide a Boluarte frenar penal
Especialistas advierten costos elevados y problemas logísticos graves.
Ancón.- La presidenta Dina Boluarte anunció la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, frente al Callao, con el objetivo de enfrentar el grave problema del hacinamiento penitenciario en el país.
El proyecto contempla un centro de alta seguridad con capacidad para 2 000 reos de alta peligrosidad, especialmente líderes de organizaciones criminales que hoy operan desde las cárceles.
El plan del Gobierno incluye un convenio interministerial entre los sectores Justicia, Defensa y Vivienda para agilizar los trámites y coordinar las acciones técnicas y logísticas.
La mandataria visitó la isla a fines de agosto de 2025, junto a ministros de Estado, para supervisar el terreno donde se levantaría la nueva infraestructura.
Según el cronograma previsto, en enero de 2026 se iniciarán las labores de demolición y limpieza, la colocación de la primera piedra se daría en mayo y para julio se proyectan avances significativos.
El Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) aprobó por unanimidad la construcción del penal, con el respaldo del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, universidades y gobiernos regionales.
La propuesta busca centralizar a los internos más peligrosos en un espacio aislado, con estrictos sistemas de vigilancia y control.
El financiamiento se realizará mediante la modalidad de obras por impuestos, y la ejecución estaría a cargo de empresas privadas con apoyo de las Fuerzas Armadas para la limpieza inicial. El tiempo estimado de construcción oscila entre 8 y 10 meses.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta críticas. Expertos como el exjefe del INPE, Javier Llaque, y el economista David Tuesta cuestionan la viabilidad técnica y los altos costos de operación, estimados en hasta 5 000 millones de soles.
Según advierten, con ese presupuesto podrían construirse varios penales en tierra firme, con mayor capacidad y menores complicaciones logísticas. Además, resaltan que mantener un penal en una isla implica enormes gastos en transporte, servicios básicos y seguridad adicional.
El proyecto también ha generado rechazo en el ámbito local. El alcalde de La Punta, Ramón Garay, pidió públicamente a la presidenta Boluarte que recapacite y revise la decisión.
Asegura que la instalación del penal pondrá en riesgo la tranquilidad de los vecinos, afectará el turismo en el Callao, deteriorará el entorno histórico de la isla y tendrá consecuencias negativas sobre el ecosistema marino, donde habitan lobos de mar y trabajan pescadores artesanales.
El debate sobre El Frontón vuelve a abrir heridas históricas y plantea una confrontación entre la urgencia por mejorar la seguridad ciudadana y la necesidad de optar por soluciones técnicas y sostenibles frente al hacinamiento.
Mientras el Gobierno insiste en que el nuevo penal será clave para recuperar el control sobre los internos más peligrosos, los especialistas y las autoridades locales advierten que podría convertirse en un proyecto costoso e ineficaz que no resolverá el problema estructural de las cárceles en el Perú.
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