Medida rige por seguridad
Ejecutivo amplía estado de emergencia en Pataz, Trujillo y Virú
Decisión busca frenar acciones delictivas y garantizar orden público en zonas afectadas por violencia.
Gobierno amplía estado de emergencia en tres provincias de La Libertad
La Libertad.- Medida busca frenar violencia
La decisión responde al incremento de delitos vinculados a minería ilegal y crimen organizado.
El Poder Ejecutivo oficializó la prórroga del estado de emergencia en las provincias de Pataz, Trujillo y Virú, en el departamento de La Libertad, ante la escalada de violencia, principalmente causada por actividades vinculadas a la minería ilegal y el crimen organizado.
La medida, establecida mediante los decretos supremos Nº 060, 061 y 062-2025-PCM, fue publicada este jueves en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, y tendrá vigencia a partir del 9 de mayo de 2025 por un periodo de 60 días calendario.
En el caso de la provincia de Pataz, se ha dispuesto la suspensión del derecho a la libertad de tránsito específicamente para el desarrollo de actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, zonas gravemente afectadas por redes criminales que operan con violencia para consolidar su dominio territorial. Esta restricción se complementa con una inmovilización social obligatoria, que regirá diariamente entre las 18:00 y 6:00 horas en dichos distritos.
El decreto detalla que durante la vigencia del estado de emergencia se suspenden varios derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, conforme a los numerales 9), 11), 12) y 24) f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
Asimismo, se establece que serán las Fuerzas Armadas las que asumirán el control del orden interno, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de neutralizar a los grupos hostiles y restablecer la seguridad ciudadana.
En el caso de Virú y Trujillo, también se prolonga la medida de emergencia por el mismo periodo, debido a la persistencia de amenazas ligadas al crimen organizado, el sicariato y el tráfico de terrenos, fenómenos que han desbordado la capacidad operativa de las fuerzas del orden en los últimos meses.
El decreto precisa que, durante los horarios de inmovilización social, quedarán exceptuados únicamente los trabajadores de servicios esenciales como salud, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, seguridad, limpieza pública y servicios funerarios.
Estas disposiciones, según el Ejecutivo, buscan garantizar el orden interno, proteger la vida de los ciudadanos y erradicar la presencia delictiva en estas zonas estratégicas del norte del país, en las que se han producido enfrentamientos armados, amenazas contra autoridades y atentados a la propiedad privada en los últimos meses.
La medida ha sido respaldada por diversas autoridades locales que han manifestado su preocupación por el aumento del nivel de violencia, especialmente en Pataz, donde operan mafias mineras que han instaurado un clima de zozobra.
Fuente: RPP
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