Cuestionado nombramiento en Congreso
Militante de APP gana más de S/19 000 sin título universitario
Designan a militante de César Acuña en nueva oficina congresal, pese a falta de estudios.
Militante de APP designada como jefa de nueva oficina en el Congreso
Lima. - Una nueva denuncia expone el uso del Congreso de la República como espacio de favores políticos. Jacqueline Yessenia Lozano Millones, militante activa de Alianza para el Progreso (APP), ocupa desde octubre de 2024 la jefatura del recién creado Centro de Modalidades Formativas, pese a no cumplir los requisitos académicos exigidos.
Lozano, de 36 años, percibe un salario de S/19 000 mensuales, cifra superior a la de cualquier congresista, pese a que solo posee el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, vinculada al líder de su partido, César Acuña. Según el Reglamento del Congreso, su formación apenas le permitiría aspirar a un cargo técnico de S/6 000 mensuales.
En septiembre de 2024, el Parlamento aprobó la creación del Centro sin debate público ni sustento técnico. Un mes después, Lozano fue nombrada jefa mediante resolución firmada por el oficial mayor Giovanni Forno. Expertos aseguran que la creación de esta entidad responde a intereses partidarios. “No fue creada para capacitar, sino para pagar favores”, denunció Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios.
El historial de Lozano dentro del Congreso muestra un crecimiento vinculado más a la política que al mérito. Ingresó en 2020 como asesora de Freddy Díaz Monago —luego denunciado por violación— con un sueldo de S/8 000. Tras su reubicación como asesora de APP, su salario subió a S/12 663, y más tarde fue promovida con la llegada de Eduardo Salhuana a la Mesa Directiva.
La situación se agrava con la presencia de su subordinada, Ruth Melisa Leyva García, también militante de APP, quien gana S/10 502 mensuales. Aunque Leyva ostenta título y maestría otorgados por la Universidad César Vallejo, su contratación refuerza las críticas sobre el uso de universidades partidarias para legitimar nombramientos.
A nivel político, varios legisladores manifestaron desconocer la existencia del centro. “No sabía [de su existencia], pero voy a averiguar”, declaró Milagros Jáuregui, de Renovación Popular. “No imagino a qué se dedica la oficina”, agregó Alex Paredes, del Bloque Magisterial.
Rospigliosi advirtió que existen serios indicios de corrupción y exigió la inmediata intervención de la Contraloría y el Ministerio Público. Según afirmó, la evidencia apunta a que el Congreso estaría sirviendo como una agencia de empleos encubierta para militantes de partidos como APP.
El caso de Lozano Millones expone una grave distorsión del servicio público, donde el mérito y la idoneidad profesional son relegados en favor de alianzas partidarias y cuotas de poder. La ciudadanía exige explicaciones y sanciones frente al uso indebido de los recursos estatales.
Fuente: RPP
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