Debate sobre inhabilitaciones

Congreso evaluará inhabilitar a Vizcarra y Sagasti

Pleno debatirá informes el 30 de abril.

Lima.- El Pleno del Congreso debatirá el 30 de abril informes que proponen inhabilitar por 10 años a los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, según acordó el Consejo Directivo del Parlamento.

Estas medidas, impulsadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, también afectan a exministros como Rubén Vargas, José Élice, Salvador del Solar y Vicente Zeballos, en casos separados relacionados con sus gestiones.

La sesión, que iniciará a las 3:00 p.m., dedicará una hora al debate, distribuida entre las bancadas, con un minuto para los no agrupados.

El primer caso a tratar involucra a Francisco Sagasti, acusado por decisiones tomadas durante su presidencia (2020-2021), específicamente el pase al retiro de oficiales de la Policía Nacional tras protestas sociales en noviembre de 2020.

El informe lo señala por presunta infracción constitucional y abuso de autoridad, proponiendo su inhabilitación para cargos públicos.

Junto a él, los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice enfrentan similares cargos por su rol en esos cambios en la PNP, considerados por algunos congresistas como perjudiciales para la institución.

A las 6:00 p.m., el Pleno abordará el caso de Martín Vizcarra, centrado en el cierre del Congreso en 2019. La Subcomisión sostiene que Vizcarra infringió la Constitución al interpretar que la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional denegaba una cuestión de confianza, acción que derivó en la disolución del Parlamento.

Por ello, se recomienda inhabilitarlo, junto a los ex premiers Salvador del Solar y Vicente Zeballos, quienes también estarían implicados en la decisión.

Este caso ha generado controversia, dado que Vizcarra ya enfrenta otras inhabilitaciones por el caso ‘Vacunagate’ y presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes.

Ambos informes reflejan el trabajo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha evaluado denuncias contra exautoridades por supuestas infracciones durante sus mandatos.

Los debates en el Pleno serán cruciales, ya que las decisiones podrían limitar la participación política de los expresidentes en futuros procesos electorales, como las elecciones generales de 2026.

La agenda del Congreso para esa fecha subraya la relevancia de estos casos, que han polarizado opiniones entre quienes ven las acusaciones como un ajuste de cuentas político y quienes las consideran necesarias para la rendición de cuentas.

La ciudadanía espera claridad en las deliberaciones, mientras el Parlamento busca equilibrar la fiscalización con el respeto a los procesos democráticos. Las resoluciones del 30 de abril marcarán un precedente en la relación entre el Legislativo y los exmandatarios, en un contexto de alta sensibilidad política.