Defensoría del Pueblo
Cuestionan ratificación de Aníbal Torres y considera "preocupante" su capacidad de propuesta
También cuestionan la conformación del nuevo Gabinete Ministerial y señalan que debería estar orientado a cumplir con las políticas públicas y las priorizaciones del Estado.
Lima.- Los recientes cambios en el gabinete y la permanencia de Aníbal Torres, luego de que pusiera su cargo a disposición, generaron un pronunciamiento por parte la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, la entidad calificó de "preocupante" la capacidad de propuesta y compromiso del ratificado primer ministro.
"A juicio institucional, dadas las altas funciones de supervisión y coordinación que le corresponde desarrollar en el marco del artículo 123 de la Constitución, resulta preocupante la capacidad de propuesta y compromiso que pueda ejercer un funcionario, portavoz del Gobierno que había anunciado al país su decisión de apartarse del Poder Ejecutivo", se lee en el comunicado de la institución.
La Defensoría del Pueblo cuestionó también el cambio de cartera del ministro Geiner Alvarado, que ha pasado del sector Vivienda a Transporte, sin haber previamente justificado las razones del incremento presupuestal del 200 % que recibió el municipio de Anguía, en Cajamarca.
Asimismo, alertaron la situación del actual ministro del Interior, Willy Huerta, quien habría intentado modificar el equipo policial especial conformado por la Fiscalía.
"Todos los cambios realizados en el gabinete ministerial deben estar orientados a cumplir con las políticas públicas y las priorizaciones del Estado en función de la solución de los grandes problemas nacionales del país. Sobre el particular, hemos señalado que entre ellos se encuentran la reducción de la inseguridad ciudadana; la lucha frontal contra la corrupción; la lucha contra la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas en su diversidad; la mejora de la salud pública, infraestructura y calidad de servicios médicos y educativos", añade el comunicado.
Por último, la Defensoría exhortó al Poder Ejecutivo a poner por delante los intereses del país y de la ciudadanía, para lo cual, en el marco de su función constitucional, por ello supervisarán la observancia de los mandatos constitucionales y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas en el país, en particular de las personas en situación de vulnerabilidad.
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