Fallo del Poder Judicial
Ex alcalde Carlos Burgos recibe 9 años por compra irregular de helicóptero
Ex alcalde de SJL, fue condenado por colusión junto a exfuncionarios.


San Juan de Lurigancho.- El Poder Judicial condenó a nueve años de prisión efectiva al exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, por el delito de colusión agravada en la compra irregular de un helicóptero financiado con recursos públicos, en un caso emblemático de corrupción municipal que se remonta al año 2013.
La sentencia, impulsada por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, también alcanza a ocho exfuncionarios municipales, quienes participaron en el proceso de contratación del bien, así como al empresario Wladimir Abad, señalado como cómplice en la operación irregular.
Según la investigación fiscal, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho contrató a la empresa Heli Abad S.A.C. por más de S/ 1.49 millones para adquirir un helicóptero destinado a reforzar la seguridad ciudadana del distrito. Sin embargo, la operación estuvo plagada de irregularidades que terminaron favoreciendo al proveedor privado.
Uno de los principales hallazgos fue que el certificado de aeronavegabilidad del helicóptero fue registrado a nombre de la empresa y no del municipio, pese a que la compra se realizó con fondos públicos.
Esta situación impidió que la comuna tuviera control real sobre el bien, evidenciando un acuerdo ilícito entre funcionarios y contratistas.
Además, se detectó un conflicto de intereses en el proceso de verificación técnica, ya que la municipalidad contrató a un especialista vinculado al propio proveedor para validar las condiciones del helicóptero.
Este hecho reforzó la tesis fiscal de una concertación ilegal para concretar la adquisición.
Como consecuencia de estas irregularidades, la aeronave nunca pudo ser utilizada para los fines previstos. Finalmente, el helicóptero fue donado a la Aviación Policial, sin que existiera un convenio formal con la Policía Nacional del Perú (PNP) para su operación en el distrito.
El fallo judicial representa un nuevo capítulo en los procesos por corrupción que involucran a Carlos Burgos, quien ya cumple una condena de 16 años de prisión por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, lo que agrava su situación legal.
Este caso evidencia fallas estructurales en los mecanismos de contratación pública y control institucional en gobiernos locales, especialmente en proyectos vinculados a la seguridad ciudadana.
Asimismo, refuerza el rol del Ministerio Público en la persecución de delitos de corrupción y en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

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