Nuevo giro judicial
Tribunal Constitucional anula condena contra Daniel Urresti por Bustíos
Tribunal ordena nuevo fallo respetando debido proceso.
Lima.- El caso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos dio un nuevo giro judicial. El Tribunal Constitucional del Perú declaró nula la condena de 12 años de prisión impuesta al exministro del Interior Daniel Urresti, decisión que deja sin efecto la sentencia emitida por el Poder Judicial y ordena que se emita un nuevo pronunciamiento conforme a los estándares constitucionales.
Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, fue asesinado el 24 de noviembre de 1988 en Huanta, Ayacucho, en plena etapa del conflicto armado interno contra Sendero Luminoso.
La acusación sostenía que un destacamento militar estuvo involucrado en el ataque y que Urresti, entonces oficial del Ejército, participó en el operativo que culminó con la muerte del periodista.
En 2023, el Poder Judicial condenó a Urresti como coautor del homicidio, tras valorar testimonios y otros elementos probatorios presentados durante el juicio oral.
Sin embargo, la defensa del exfuncionario presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando vulneración al debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
El máximo intérprete de la Constitución resolvió que la sentencia debía ser anulada por considerar que no se cumplieron determinados estándares en la valoración de pruebas y argumentación jurídica.
En consecuencia, el proceso deberá retrotraerse a una etapa previa para que se emita una nueva decisión debidamente fundamentada.
La decisión ha generado reacciones divididas. Organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han expresado preocupación por el impacto que podría tener el fallo en la lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas.
Por su parte, la defensa de Urresti sostuvo que la resolución confirma que se vulneraron sus derechos fundamentales.
El caso Bustíos continúa siendo uno de los más emblemáticos vinculados a la violencia política de los años ochenta.
Más allá del resultado judicial, el proceso representa un símbolo en la defensa de la libertad de prensa y en el debate sobre la responsabilidad de agentes del Estado durante el conflicto armado interno.
Con esta decisión, el expediente vuelve a una fase clave, manteniendo abierto un proceso que, a más de tres décadas del crimen, sigue marcando la agenda judicial y política del país.
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