Justicia comunal
Ronderos azotan al alcalde de Ayabaca durante asamblea comunal pública
La sanción fue impuesta por ronderos del caserío Hualcuy ante incumplimientos.
Fuente: Andina/Difusión
Piura. -En el distrito de Ayabaca, provincia homónima de la región Piura, se produjo un hecho que ha reavivado el debate sobre los límites de la justicia comunal y los derechos fundamentales de las autoridades electas. El alcalde provincial, Darwin Quinde Rivera, presentó formalmente una denuncia ante la comisaría local luego de que, durante una asamblea comunal en el caserío de Hualcuy, un grupo de ronderos lo colocara sobre una banca de madera y le aplicara doce latigazos en los glúteos ante decenas de asistentes, todo en medio de la exigencia de rendición de cuentas por parte de la comunidad.
El incidente ocurrió en una reunión convocada con el fin de evaluar el cumplimiento de compromisos de gestión municipal. Según el alcalde, la decisión de castigarle fue impulsada por el presidente de las rondas campesinas, a quien acusó de haber actuado con fines políticos. “Lamento la actitud de algunos dirigentes que se han politizado. No todos son así, pero este castigo ha sido arbitrario y humillante”, declaró Quinde tras presentar la denuncia.
Quinde explicó que el origen del conflicto estaría vinculado a la solicitud de apoyo que, según los ronderos, no habría sido atendida: un equipo de sonido para el aniversario de las rondas campesinas. En su denuncia, el alcalde sostuvo que había colaborado en múltiples ocasiones con orquestas y premios, pero que esta vez el proveedor del equipo no cumplió con lo pactado, circunstancia que fue interpretada por los comuneros como incumplimiento directo. “He apoyado siempre a las rondas… pero esta vez fue algo externo a mí”, manifestó la autoridad.
El episodio ha generado diversas reacciones. Por un lado, algunos sectores sostienen que estas comunidades rurales ejercen legítimamente su sistema de justicia comunal amparado en costumbres ancestrales y respaldado parcialmente por la Constitución peruana. Por otro lado, se cuestiona la proporcionalidad del castigo y la vulneración de derechos fundamentales de una autoridad elegida mediante sufragio. En este sentido, cuando se ejerce justicia comunal sobre representantes públicos, surgen preguntas importantes: ¿hasta dónde puede aplicarse este sistema sin atropellar garantías constitucionales?, ¿qué papel tienen las autoridades estatales en supervisar esos procedimientos?
La Municipalidad Provincial de Ayabaca emitió un comunicado expresando su rechazo al uso de la violencia en el procedimiento y llamó a la población a colaborar con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Por su parte, los ronderos de Hualcuy se defendieron argumentando que la sanción fue una decisión tomada en asamblea comunal ante el presunto incumplimiento de obras, servicios o compromisos asumidos por el burgomaestre con la población.
El video del hecho ya circula en redes sociales, lo cual aumenta la presión pública por la investigación correspondiente. En los próximos días se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades de la región y del organismo competente en materia de derechos humanos para determinar si hubo vulneración de garantías y cuál será el curso de acción.
En el plano local, la situación alerta sobre la necesidad de una mayor articulación entre las comunidades rurales, sus estructuras de organización tradicional y las autoridades municipales, para prevenir hechos como este. Mientras tanto, los habitantes de Ayabaca observan con interés el desarrollo del caso, conscientes de que la resolución que se adopte podría establecer un precedente sobre cómo se conjugan la costumbre comunal y la institucionalidad democrática en el Perú contemporáneo.
Fuente: Andina
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