Reforma penal

Rafael López Aliaga buscará cuestión de confianza para aprobar cadena perpetua contra violadores

Propone presentación de reformas al Congreso que demandan vida tras rejas inmediatamente.

Foto: Joel Alonso

Lima. -El prominente dirigente y político Rafael López Aliaga, quien ejerce actualmente como alcalde de Lima y es precandidato presidencial del partido Renovación Popular, ha anunciado una ofensiva legislativa de gran magnitud para endurecer las sanciones penales en el Perú. Entre los ejes de su propuesta figura la aprobación de la cadena perpetua para personas condenadas por delitos graves —como violación de menores, feminicidio, sicariato, extorsión o corrupción— y la posibilidad de plantear una cuestión de confianza ante el Congreso de la República del Perú para asegurar su aprobación urgente.

En declaraciones recientes, López Aliaga señaló que su plan incluiría modificar el marco penal para que los responsables de los ilícitos mencionados sean sujetos de una pena máxima sin reducción posible. Dicha medida se presentaría como un mecanismo para restablecer la seguridad y transmitir un mensaje de tolerancia cero hacia la criminalidad organizada.

La opción de una cuestión de confianza, técnica parlamentaria que permite al Ejecutivo exigir respaldo al Congreso para un proyecto o política pública, es destacada por el político como un atajo institucional. “No descartamos plantear una cuestión de confianza para que estas reformas sean aprobadas”, precisó.

En el contexto de sus propuestas, López Aliaga ha planteado también que la pena de muerte —o al menos los castigos más severos posibles— sean contemplados para casos extremos, como violación de menores o altos funcionarios corruptos. Esta dimensión forma parte de su discurso de mano dura.

El anuncio ha generado reacciones mixtas. Por un lado, parte de la opinión pública y grupos de víctimas respaldan la iniciativa, debido al hartazgo por los niveles de criminalidad, extorsión y violencia en el país. Por otro lado, sectores jurídicos advierten que la propuesta podría entrar en tensión con principios constitucionales del debido proceso, la dignidad humana y la separación de poderes. Diversos expertos señalan que la cadena perpetua ya está contemplada para ciertos delitos (por ejemplo, en delitos de violación contra menores) y consideran que la innovación legislativa propuesta debe acompañarse con reformas del sistema penitenciario y de reinserción.

Desde el partido Renovación Popular se buscó matizar el anuncio, enfatizando que la prioridad es reforzar “la persecución”, “la investigación” y “la sanción efectiva” de delitos graves, además de mejorar la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el sistema de justicia. Sin embargo, el hecho de incluir la cuestión de confianza eleva la propuesta a un nivel de riesgo político: implica que el Ejecutivo puede condicionar su continuidad a la aprobación o rechazo de la iniciativa, lo que abre conflictos constitucionales.

Para los ciudadanos, la propuesta de López Aliaga plantea una disyuntiva relevante: ¿preferimos una reforma rápida con sanciones severas, o una aproximación más gradual que fortalezca el sistema, garantice derechos y evite posibles efectos secundarios no deseados? En la práctica, el éxito de la iniciativa dependerá no solo de su aprobación legislativa, sino de su implementación efectiva, lo cual exige recursos, capacidad institucional y un marco coherente de políticas de seguridad ciudadana.

En resumen, la intención de Rafael López Aliaga de usar la cuestión de confianza para aprobar cadena perpetua contra violadores y otros delincuentes graves representa una estrategia ambiciosa que busca capital político ante la población y responder al clamor por mayor seguridad. No obstante, el alcance legal, constitucional y operativo de esta medida aún está por verse.

Fuente: Diario Gestión

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