Crímenes sin olvidar
La Fiscalía exige cadena perpetua para Víctor Polay.
La Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva para Polay y otros miembros del MRTA
Fuente Fotográfica: Andina
Lima.- La Fiscalía de Derechos Humanos y Terrorismo presentó una acusación formal contra Víctor Polay Campos, exlíder del MRTA, y pidió la pena máxima por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso “Las Gardenias”, cuya audiencia de control se llevará a cabo en los próximos días.
El pedido fiscal también contempla 18 meses de prisión preventiva, sustentados en los asesinatos perpetrados contra miembros de la comunidad LGTBI en San Martín entre 1989 y 1992. De acuerdo con la Fiscalía, estos crímenes formaron parte de una política de “limpieza social” aprobada por el Comité Central del MRTA en 1988, orientada a eliminar a personas que la organización consideraba “indeseables”.
La Fiscalía sostiene que Víctor Polay, junto a otros miembros del Comité Central del MRTA, dirigió la planificación de estos asesinatos. En la acusación también figuran María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sístero García, señalados como autores mediatos por su implicación en homicidios y acciones terroristas.
Según las pruebas reunidas por la Fiscalía, los implicados habrían asesinado a ocho hombres en la discoteca Las Gardenias, en Tarapoto, en mayo de 1989. Los informes reconstruyen cómo ocurrieron los hechos y señalan que se trataron de ataques coordinados en el marco de la política de “exterminio” del MRTA contra la comunidad LGTBI.
La acusación incorpora además los asesinatos de Luis Pinchi, Silvano Vela y Salomón Pérez, cometidos entre 1990 y 1992. Pinchi, un conocido estilista de Tarapoto, fue ultimado bajo la misma política de “limpieza social” aplicada por el grupo subversivo.
En los años posteriores, el MRTA también asesinó a Vela y Pérez por razones vinculadas a su orientación sexual. Según la Fiscalía, estos crímenes respondían a un plan sistemático destinado a eliminar a personas consideradas “indeseables” y afianzar el dominio de la organización en la zona.
La Fiscalía también solicitó 18 meses de prisión preventiva, alegando la gravedad de los delitos, el riesgo de fuga y la posible interferencia en el proceso, con el fin de asegurar el avance del caso y la protección de testigos.
La Fiscalía sostiene que su acusación busca justicia para las víctimas de crímenes de odio y que el 28 de noviembre el tribunal evaluará si los elementos presentados justifican la cadena perpetua y la prisión preventiva solicitadas.
Fuente: Infobae
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