Audios comprometedores

Jefe del INPE afronta denuncia por presunta coima

Grabaciones lo vinculan con pagos para excarcelar a expolicía; Fiscalía evalúa pericia fonética.

Fuente Fotográfica: Caretas

Lima.- El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, quedó en el centro de una tormenta política y judicial tras la difusión de audios que lo vincularían con un presunto cobro de coimas para gestionar la salida de prisión del exagente policial Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años por secuestro agravado.

De acuerdo con el reportaje, las grabaciones fueron entregadas al Ministerio Público por Adela Huamancusi, esposa del interno. En uno de los registros atribuidos a Paredes se oye: “Le estoy diciendo a usted que se le voy a devolver. Me estoy comprometiendo, voy a pedir un préstamo”; en otro, promete un nuevo abono: “Señora, deme tres días más, le vuelvo a depositar otra cantidad”. La hipótesis fiscal es que habría existido una negociación indebida para obtener la excarcelación del recluso, que cumple condena en Ayacucho.

El programa televisivo sostiene que el monto exigido habría sido de S/ 80,000 entre 2019 y 2020, dinero que siempre según la denunciante se entregó con la expectativa de liberar a Quispe. La salida no se concretó y, frente a los reclamos, el presunto intermediario prometió devolver el dinero, algo que tampoco ocurrió. La defensa de Huamancusi pide pericia fonética para confirmar si la voz de los audios corresponde al actual jefe del INPE y pericias financieras sobre los depósitos referidos.

El abogado José Carlos Rivera cuestionó que el funcionario lidere requisas y megaoperativos en penales mientras pesa una imputación de soborno en su contra. Paredes fue citado cuatro veces por la Fiscalía y no acudió. El INPE no ha brindado declaraciones públicas sobre el fondo del caso. Para el equipo legal de la denunciante, los audios configuran al menos promesas de devolución compatibles con un pago ilícito que fracasó.

Paredes Yataco fue designado en julio de 2025 mediante el Decreto Supremo N.° 009-2025-JUS, durante el gobierno de Dina Boluarte. El propio artículo subraya que esa norma flexibilizó requisitos para ocupar altos cargos en el sistema penitenciario, un punto que reaviva la discusión sobre idoneidad e integridad en puestos críticos del Estado. El Ministerio de Justicia no se ha pronunciado públicamente sobre eventuales medidas administrativas mientras avanza la investigación.

Más allá del impacto mediático, el caso plantea preguntas jurídicas clave. Si la pericia confirma la identidad de la voz y la Fiscalía acredita pagos o promesas a cambio de gestiones ante autoridades penitenciarias o judiciales, la carpeta podría escalar a cohecho y/o tráfico de influencias. Para ello, será determinante la cadena probatoria: extractos bancarios, mensajes, fechas, reuniones, y la traza entre lo prometido y cualquier actuación funcional. Si, por el contrario, los peritajes no asocian las voces a Paredes o los depósitos no se corroboran, el Ministerio Público tendrá que evaluar otras figuras (por ejemplo, estafa por parte de terceros) para no dejar un vacío de responsabilidad.