Críticas duras

Gremios critican dictamen que otorga pensión a hijos de transportistas asesinados por extorsión

Denuncian que el proyecto planteado por el Congreso es una “burla” para las familias y no aborda la raíz del problema.

Fuente: Composición LR

Lima. -Varios gremios del transporte han cuestionado con fuerza el dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso que propone otorgar una pensión para los hijos de transportistas que fueron asesinados a causa de la extorsión. Las organizaciones califican la medida como “una burla” y aseguran que no resuelve los problemas estructurales de inseguridad que enfrentan los conductores.

El proyecto de ley fue presentado con la intención de brindar un reconocimiento económico para las familias de los choferes que perdieron la vida en contextos violentos vinculados al crimen organizado. De aprobarse definitivamente, la iniciativa permitiría que los hijos menores reciban un sustento mensual, con montos y condiciones que aún deben definirse.

Sin embargo, líderes de asociaciones de transporte han expresado su descontento. Según ellos, este tipo de pensiones no basta, ya que no ataca directamente la ola de extorsiones que ha estado escalando en los últimos meses. Sostienen que, en lugar de plantear soluciones limitadas, el Congreso debería destinar más recursos para prevenir el crimen, aumentar la presencia policial en rutas vulnerables y sancionar a las redes de extorsión.

Además, algunos gremios denuncian que la pensión propuesta podría tener requisitos demasiado restrictivos. Temen que solo unas pocas familias puedan acceder a ella, mientras que muchas otras, aunque impactadas por la violencia, queden fuera por trámites o exclusiones. Esta preocupación se suma al reclamo más amplio: demandan que la ayuda sea parte de un paquete integral que contemple seguridad, prevención y justicia.

La denuncia de los transportistas también incluye críticas hacia la velocidad con la que se ha tramitado la iniciativa. Indican que el dictamen fue aprobado sin un debate profundo sobre las causas de la violencia, como la corrupción, la falta de inteligencia estatal y la impunidad para los extorsionadores. Para ellos, una pensión sin una política de fondo es una forma de parchar un problema mucho más grave.

Por su parte, algunos congresistas que apoyan la medida argumentan que es un gesto simbólico importante y un paso para reconocer a las víctimas del crimen organizado dentro del gremio de transportistas. Señalan que debe verse como una reivindicación social que no compite con otros mecanismos de seguridad, sino que los complementa.

El debate se intensifica en un contexto donde los transportistas han denunciado que las extorsiones se han incrementado de forma significativa, especialmente en rutas claves y puntos estratégicos. Este escenario de violencia ha provocado incluso amenazas de paros y movilizaciones, con los conductores exigiendo acciones más contundentes del Estado.

Para que la medida tenga un impacto real, los gremios proponen varias condiciones: que la pensión sea automática para los hijos de víctimas (sin trámites engorrosos), que no esté sujeta a recortes presupuestales futuros, y que venga acompañada de mayores políticas de prevención y protección para los transportistas activos.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos también han pedido que se incorpore un enfoque integral en la ley: que no solo se enfoque en compensación, sino que se implemente un plan nacional para desmantelar redes de extorsión, fortalecer la justicia penal y garantizar que los transportistas puedan trabajar sin temor.

En suma, aunque la pensión planteada podría significar un alivio para algunas familias, los gremios de transporte advierten que sin acompañamiento estructural, la medida puede quedarse corta. Su reclamo es claro: no basta consolar a las víctimas, es urgente evitar que sigan ocurriendo los crímenes.

Fuente: La República

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