Policía en alerta

Exmandos advierten que nuevo grupo creado por Jerí interferirá con la PNP

Creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato preocupa a altos mandos por duplicidad institucional.

Fuente: Composición LR

El reciente anuncio del gobierno del presidente José Jerí sobre la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES) ha generado críticas desde sectores especializados de la seguridad pública, al considerar que la medida podría interferir con las labores operativas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según la norma, el GIES será una unidad coordinada bajo el mando del Ministerio del Interior y congregará esfuerzos de fiscalías especializadas, jueces, la PNP y otras entidades para combatir los delitos de extorsión y sicariato. Sin embargo, el ex director de la PNP, Eduardo Rocha, advirtió que esta unidad podría superponerse con funciones ya existentes dentro de la institución. “Interferirá con dos divisiones de la DIRINCRI: primero, la División de Homicidios, donde se investiga el sicariato; y segundo, la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones”, señaló denuncia Rocha.

Rocha también criticó que la medida no haya sido acompañada por una planeación estratégica. Para él, se trata de una iniciativa “totalmente populista” que podría restar efectivos policiales a unidades especializadas. “El trabajo debería realizarse de manera coordinada con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para identificar y capturar a las bandas criminales”, agregó.

Uno de los puntos álgidos es la duplicidad de funciones. La PNP ya cuenta con divisiones abocadas específicamente al sicariato y la extorsión. La creación del GIES, tal como está planteada, implica una nueva estructura que podría absorber recursos, personal y operaciones que actualmente desarrollan los cuerpos policiales internos. Esto preocupa a los mandos que señalan que la institucionalidad podría verse afectada.

Adicionalmente, el exalto mando cuestionó la carencia tecnológica y la deficiencia en los instrumentos actualmente disponibles para combatir estos delitos. “Los sistemas actuales utilizados por la Policía … no permiten determinar con precisión el lugar desde donde operan los delincuentes”, afirmó Rocha, haciendo referencia a la falta de equipos de vigilancia avanzados o de inteligencia especializada.

Otra crítica se orienta hacia la ausencia de un plan nacional de seguridad ciudadana vigente y plenamente operativo. A juicio del exfuncionario, la ley que regula dicho plan exige su formulación anual, pero no se ha cumplido para 2023 y 2024, lo que denota una debilidad estructural en la política estatal de seguridad.

Desde el Ejecutivo, por su parte, se considera que la medida es un paso importante para enfrentar el alza de los delitos de extorsión y sicariato en el país. No obstante, los críticos insisten en que sin claridad operativa, sin las herramientas adecuadas y sin coordinación interna, la nueva unidad podría generar más confusión que resultados concretos.

Para las autoridades policiales, la clave está en asegurar que las funciones no se solapen, que el flujo de información entre las unidades especializadas y nuevas estructuras sea fluido, y que la planificación técnica sea prioritaria sobre los anuncios mediáticos. De lo contrario, advierten los expertos, el riesgo es que los resultados sean limitados y que se pierda eficiencia operativa en la lucha contra el crimen organizado.

Fuente: La República

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