Emergencia penitenciaria en evaluación
Álvarez: mafias dominan cárceles; evalúan intervenir INPE
PCM plantea aislar reos peligrosos, traslados a penales específicos y pedir facultades legislativas.
Fuente Fotográfica: RPP
Lima.- El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, admitió que las organizaciones criminales controlan “en un alto grado” lo que ocurre dentro de los establecimientos penitenciarios del país. En entrevista televisiva, adelantó que el Ejecutivo contempla declarar en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como parte de la estrategia para recuperar el control del sistema carcelario.
Álvarez describió un ecosistema que facilita la operación de cabecillas desde las prisiones: acceso a internet, comunicación constante y hasta antenas clandestinas o portátiles. Según dijo, el propio presidente José Jerí ha verificado esa realidad mediante vuelos de drones sobre recintos penitenciarios. La conclusión del premier es tajante: si el Estado no corta la logística que permite a las bandas dirigir extorsiones y sicariatos desde celdas, cualquier reforma será insuficiente.
¿Qué implicaría la emergencia sobre el INPE? De acuerdo con lo explicado, el objetivo inmediato sería redistribuir y aislar a internos de alta peligrosidad para separarlos de la población común. Álvarez mencionó traslados hacia establecimientos con personal experimentado en manejo de reos violentos y citó de manera expresa Luis Gancho y Ancón 1 como destinos previstos en ese plan. El mensaje operativo es claro: segregar liderazgos y reducir su capacidad de mando hacia el exterior.
El premier apuntó también a un ajuste en integridad del personal. Anunció la incorporación del polígrafo como herramienta de tamizaje para funcionarios, agentes penitenciarios, policías o militares asignados a penales. Subrayó que el polígrafo no prueba un ilícito, pero sí aporta indicios para orientar investigaciones y decisiones administrativas rápidas cuando existan señales de corrupción. La prioridad, insistió, es remover con celeridad a quienes vulneran la seguridad desde adentro.
En el plano normativo, Álvarez adelantó que el Gobierno pedirá al Congreso una “ley autorizativa” para obtener facultades legislativas, con el fin de emitir decretos que corrijan vacíos del sistema penal en extorsión y sicariato. A su juicio, hoy cuesta reunir pruebas útiles a tiempo y eso favorece liberaciones o procesos que se caen por debilidades procedimentales. Con facultades, dijo, el Ejecutivo podría ajustar tipificaciones, endurecer reglas y acelerar herramientas procesales que fortalezcan la persecución penal.
Sobre medidas excepcionales en la calle, el jefe del Gabinete descartó un toque de queda en Lima o en cualquier otra región. Argumentó que esa medida no resulta eficaz contra la extorsión delito que opera con lógicas mafiosas más que de aglomeración y que, además, golpearía a comercio, turismo y empleo sin resolver el núcleo del problema. En su lugar, la receta pasa por inteligencia, operativos focalizados y control penitenciario real.
Detrás de los anuncios late una autocrítica poco frecuente: Álvarez dijo que la crisis penitenciaria es “el reflejo de un Estado que viene fracasando” en varias funciones de regulación y supervisión. Aun así, pidió no generalizar y reconoció a la mayoría de trabajadores correctos dentro del sistema. La tarea, señaló, es proteger a los que cumplen y sacar con rapidez a quienes facilitan que los penales se conviertan en centros de comando del crimen.
Fuente: RPP
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