Debate sobre justicia presidencial
Vizcarra regresa a Barbadillo tras decisión del ministro Santiváñez
Expresidente cumple prisión preventiva en penal exclusivo para mandatarios.
Ate.- El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado nuevamente al penal de Barbadillo en Ate, Lima, este miércoles 27 de agosto de 2025, para cumplir la prisión preventiva de cinco meses dictada por el Poder Judicial en su contra.
La decisión se produjo luego del anuncio del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reevaluar su situación y dispuso su retorno a la sede penitenciaria reservada para expresidentes.
Vizcarra había ingresado inicialmente a Barbadillo el 14 de agosto, tras la orden judicial que lo investiga por presuntos sobornos relacionados con la construcción del Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo, cuando era gobernador regional.
Sin embargo, días después, el 22 de agosto, fue trasladado al penal Ancón II tras una disposición del INPE que lo clasificó para un penal común.
Este cambio generó polémica. La defensa de Vizcarra denunció presiones políticas y cuestionó que el Ministerio de Justicia interfiera en las decisiones técnicas del INPE.
El propio expresidente señaló que su traslado a Ancón II buscaba menoscabar su integridad y exponerlo en condiciones distintas a las de otros exmandatarios procesados.
Ante esta situación, el ministro Santiváñez anunció la emisión de la Resolución Presidencial N.º 264-2025-INPE, que autoriza su retorno a Barbadillo.
El funcionario explicó que, aunque los cargos se remontan a su gestión como gobernador regional, Vizcarra fue presidente de la República y, por tanto, debía recibir un trato penitenciario diferenciado, en consideración a la dignidad institucional del cargo que ocupó.
El expresidente llegó a Barbadillo en una furgoneta blanca, bajo fuerte resguardo policial, y con acceso restringido a la prensa.
Con esta medida, se consolida su permanencia en el penal presidencial, donde también cumplen prisión preventiva o condena otros exmandatarios como Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
La decisión ha generado debate en la opinión pública. Mientras algunos consideran justo que se preserve la seguridad de quien fuera jefe de Estado, otros critican lo que ven como un privilegio frente a otros procesados.
Analistas políticos advierten que estas decisiones pueden fortalecer la narrativa de Vizcarra como víctima de persecución, dándole un nuevo protagonismo en el escenario nacional a pesar de su inhabilitación política.
En paralelo, la investigación contra Vizcarra continúa avanzando. El Poder Judicial lo señala como parte de una presunta red de corrupción en proyectos millonarios de infraestructura, y la prisión preventiva busca garantizar su presencia en el proceso.
La Fiscalía, por su parte, asegura que existen elementos de convicción suficientes para sustentar la acusación.
El caso del expresidente refleja no solo la lucha contra la corrupción en los más altos niveles del Estado, sino también las tensiones sobre cómo debe tratarse penitenciariamente a quienes ocuparon la máxima magistratura del país.
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