Justicia contra la corrupción
Juez dicta prisión preventiva contra expresidente Martín Vizcarra Cornejo
Caso Vizcarra marca precedente en lucha anticorrupción en Perú.
Lima.- La Sala Penal Anticorrupción del Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
La medida, solicitada por el Ministerio Público, responde a indicios de riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
El fallo, emitido por el juez Jorge Chávez Tamariz, dispone que el exmandatario sea internado en un establecimiento penitenciario mientras se desarrollan las diligencias.
Según la acusación fiscal, Vizcarra habría recibido sobornos por parte de empresas vinculadas a la adjudicación de obras públicas, entre ellas el Hospital Regional de Moquegua.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen elementos de convicción suficientes que vinculan al exgobernante con delitos de cohecho pasivo propio y colusión agravada.
Además, el Ministerio Público argumentó que Vizcarra, aprovechando su condición de expresidente y su alta exposición mediática, podría influir en testigos y alterar pruebas.
En la audiencia, la defensa legal del exmandatario rechazó las acusaciones, calificando la medida como desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Sin embargo, el juez consideró que la prisión preventiva era necesaria para garantizar la continuidad de las investigaciones y evitar posibles maniobras dilatorias.
El caso se desarrolla en paralelo a otras investigaciones que enfrenta Vizcarra, incluido el proceso por presunta incompatibilidad y aprovechamiento indebido del cargo en la adjudicación de contratos de obras públicas durante su etapa como presidente de la República.
Esta decisión marca un nuevo capítulo en la situación judicial de Vizcarra, quien en los últimos años ha sido una figura central en la política peruana, pasando de liderar el Ejecutivo a enfrentar graves acusaciones de corrupción.
La orden de prisión preventiva también envía un mensaje sobre la determinación de las autoridades judiciales para sancionar actos de corrupción en los más altos niveles del Estado, reforzando el principio de que nadie está por encima de la ley.
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