Nueva ley contra extorsiones
Congreso aprueba cárcel por activar celulares y vender SIM ilegal
Gobierno refuerza control para combatir crimen con líneas móviles falsas.
Lima.- El Pleno del Congreso de la República aprobó una norma que establece penas de cárcel para quienes activen líneas móviles de manera ilegal o comercialicen tarjetas SIM sin cumplir con los procedimientos de verificación de identidad.
La medida busca frenar el uso de celulares vinculados a delitos como extorsión, fraude y estafas telefónicas, prácticas que afectan diariamente a miles de peruanos.
La iniciativa recibió respaldo mayoritario de los legisladores, quienes coincidieron en la necesidad de cerrar los vacíos legales que permitían la proliferación de números habilitados de forma irregular.
Con la nueva disposición, las personas que activen chips móviles sin seguir el procedimiento oficial de identificación biométrica enfrentarán penas privativas de libertad de hasta seis años de cárcel. Además, aquellos que se dediquen a la venta clandestina de SIM cards también estarán sujetos a sanciones similares.
De acuerdo con la exposición de motivos, la medida responde al incremento de denuncias por delincuencia organizada que utiliza teléfonos registrados con datos falsos o con identidades suplantadas para realizar extorsiones, principalmente contra comerciantes y transportistas.
El Congreso enfatizó que esta norma es un paso decisivo en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad tecnológica.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, sostuvo que esta legislación contribuirá a responsabilizar tanto a los vendedores informales como a los usuarios que se prestan a este tipo de actos ilícitos.
Asimismo, instó a las empresas de telecomunicaciones a reforzar sus sistemas de control y a colaborar con las autoridades para garantizar que las líneas móviles estén asociadas a usuarios plenamente identificados.
Con la aprobación de la norma, se refuerza también la supervisión de la Superintendencia de Transporte de Telecomunicaciones (Osiptel), que tendrá un rol más estricto en la fiscalización de las operadoras móviles.
Esta entidad podrá imponer sanciones administrativas a las compañías que no cumplan con la verificación de la identidad de sus clientes en el proceso de activación de SIM cards.
Expertos en seguridad señalaron que esta medida podría ayudar a reducir los delitos de extorsión y fraude, pero advirtieron que debe ir acompañada de campañas de concientización y acciones coordinadas entre Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial.
El reto será garantizar que las sanciones no solo existan en el papel, sino que sean efectivamente aplicadas contra las redes ilegales que operan en el país.
En conclusión, la nueva norma aprobada por el Congreso refuerza la lucha contra la delincuencia vinculada al uso irregular de celulares, imponiendo penas de cárcel a quienes activen o comercialicen líneas móviles al margen de la ley.
Se espera que esta disposición impacte directamente en la disminución de delitos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía.
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