Reclaman respuesta inmediata
Regiones exigen acción urgente tras masacre de mineros en Pataz
Autoridades regionales solicitan militarización tras crimen masivo que golpea actividad minera formal nacional.
Gobiernos regionales exigen militarización y reunión urgente del Conasec en Pataz tras masacre de mineros
La Libertad. - La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), presidida por Koki Noriega, demandó al Ejecutivo una intervención inmediata en la provincia de Pataz, región La Libertad, luego del brutal asesinato de 13 trabajadores vinculados a la minería formal. El hecho ha sido atribuido a organizaciones criminales que operan en la zona bajo el amparo de la minería ilegal.
En un pronunciamiento oficial, la ANGR calificó los asesinatos como una señal de la escalada de violencia que afecta al país y advirtió que la ausencia del Estado ha permitido que estas bandas delictivas ejerzan control territorial. Según el comunicado, la ejecución de los trabajadores no es un caso aislado, sino el resultado de meses de denuncias ignoradas por parte de medios, líderes sociales y organizaciones civiles sobre la situación de extorsión, sicariato y enfrentamientos armados en la región.
Noriega, también gobernador regional de Áncash, hizo un llamado público a la presidenta Dina Boluarte para que convoque con urgencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y lo haga de manera presencial en Pataz, junto a ministros, altos mandos militares y representantes regionales. “Vayamos todas las autoridades. La situación ha desbordado por completo”, sostuvo.
En su pronunciamiento, la ANGR subrayó que la respuesta del Estado ha sido insuficiente, a pesar de la declaratoria del estado de emergencia en la zona. Señalaron que las fuerzas del orden no han logrado frenar la ola delictiva ni proteger a la población. En ese contexto, exigieron la militarización inmediata del territorio y la instalación de una base permanente del Ejército en Pataz, como medida de control y disuasión frente a las mafias que operan impunemente.
La organización regional también solicitó la creación de un equipo fiscal especializado que investigue a fondo el caso, identificando y sancionando tanto a los autores materiales como a los intelectuales de la masacre. “La vida de los peruanos y la soberanía del Estado no son negociables”, recalca el documento.
Durante una entrevista, Noriega también cuestionó la falta de liderazgo del Gobierno central, afirmando que no hay un plan claro ni resultados visibles tras la declaratoria de emergencia. “Falta totalmente el liderazgo de la presidenta. No tenemos ningún tipo de resultado, sigue lo mismo”, afirmó.
El presidente de la ANGR también instó al Ministerio del Interior a definir de inmediato las estrategias de seguridad que se aplicarán en la zona, y lamentó que la respuesta actual no esté a la altura de la gravedad de la situación. “Es momento que la presidenta y el ministro del Interior convoquen una reunión y digan cuáles son sus estrategias”, concluyó.
El clamor de los gobiernos regionales pone nuevamente en evidencia la fragilidad del control estatal en zonas de alto conflicto y la necesidad urgente de una acción coordinada y contundente por parte del Ejecutivo frente a la criminalidad organizada
Fuente: RPP
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